El presidente Gustavo Petro decretó una emergencia económica mediante el Decreto 1390, medida que ha generado una profunda división entre los presidentes del Congreso de la República: Lidio García, del Partido Liberal al frente del Senado, y Julián López, de La U en la Cámara de Representantes. Esta decisión, motivada por el fracaso de la reforma tributaria 3.0 rechazada dos veces en las comisiones económicas del Senado y la caída de los precios del petróleo y el carbón, busca instrumentos excepcionales para evitar un impacto social severo. El Senado fue citado por García para el 26 de diciembre, inicialmente para discutir ascensos en las fuerzas militares y policiales, pero ahora centrado en un control político al decreto, mientras la Corte Constitucional revisará su constitucionalidad tras la vacancia judicial en enero de 2025. Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, presentó una proposición en este contexto de tensión institucional.
Petro justificó la emergencia ante obligaciones fiscales adicionales por 3,7 billones de pesos, una reforma tributaria rechazada que recaudaba 16,6 billones, la emisión de deuda por 23 billones a un solo oferente, pagos omitidos en salud para 2025 que ascienden a 20 billones —de los cuales 15 billones se cubrirían con presupuesto público—, subsidios estatales a los megarricos por más de 40 billones y subsidios de Finagro superiores a 400 millones. Factores como la tasa de interés real del Banco de la República y la insostenibilidad de la deuda agravaron la situación, según el mandatario, quien advirtió el 23 de diciembre vía redes sociales sobre los riesgos si no se actúa con sensatez.
Posturas opuestas de los líderes congressionales
La cúpula del Congreso se partió: García convocó sesiones para examinar con rigor los decretos, defendiendo la autonomía legislativa, mientras López respaldó las herramientas excepcionales del Ejecutivo ante amenazas sociales reales. Esta división marca el inicio de un escrutinio intenso en los primeros meses de 2025, con control político en ambas cámaras y la revisión de la Corte Constitucional, que confirmó su competencia post-vacancia judicial.
«El Congreso no se subordina: citaremos y examinaremos con rigor los decretos adoptados. Nuestra autonomía permanece intacta»
Lidio García, presidente del Senado
«Negar herramientas excepcionales ante riesgos sociales reales no protege a la gente: la deja sola»
Julián López, presidente de la Cámara de Representantes
El presidente Petro, por su parte, enfatizó la necesidad de sensatez gubernamental y judicial para mantener el progreso nacional, advirtiendo que la Corte decidirá entre la ruta de recuperación o la crisis económica. Además, felicitó a la Corte por no ceder a citaciones extraordinarias ilegales solicitadas por los megarricos, a quienes acusa de beneficiarse de subsidios del pueblo colombiano para engrosar fortunas sin trabajar.
«Le toca al gobierno la sensatez, a través de la emergencia, de continuar el progreso en Colombia y espero ocurra lo mismo con la Corte Constitucional. Si no, seguiremos con la sensatez, pero el horizonte se tornará oscuro»
Gustavo Petro, presidente
«La corte decidirá si el país sigue su ruta de recuperación o entra en el camino de la crisis económica»
Gustavo Petro, presidente
«Felicito a la corte por no citar extraordinarias ilegales como lo pedían los megarricos del país después de meter en su bolsillo los subsidios que el pueblo colombiano les ha dado y con los que aumentan sus fortunas sin trabajar»
Gustavo Petro, presidente
La tensión entre poderes del Estado se agudiza, con el control político congressional y la revisión constitucional como próximos hitos que podrían redefinir los poderes extraordinarios del Ejecutivo en un año marcado por desafíos fiscales y sociales en Colombia.
