La declaración de emergencia económica por parte del presidente Gustavo Petro ha generado una profunda división entre los presidentes del Congreso de Colombia. Lidio García, presidente del Senado por el Partido Liberal, convocó una sesión de control político para el próximo 26 de diciembre con el fin de examinar el Decreto 1390, mientras que Julián López, presidente de la Cámara de Representantes por el partido La U, respaldó la medida presidencial. Esta confrontación surge en medio del rechazo de la reforma tributaria 3.0 en las comisiones económicas del Senado, que buscaba recaudar 16,6 billones de pesos, y ante riesgos sociales y fiscales agravados por la caída en los precios del petróleo y el carbón, el rechazo a la ley de financiamiento y la alta tasa de interés del Banco de la República.
El Senado, inicialmente citado para discutir ascensos militares y policiales el 26 de diciembre, ahora se centrará en el escrutinio de los decretos de emergencia, impulsado por una proposición del representante Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical. Petro justificó la medida por la insostenibilidad de la deuda pública, que requerirá una emisión adicional de 23 billones de pesos, y la necesidad de 3,7 billones extras para el presupuesto de salud en 2025, donde se omitirán pagos por 20 billones, de los cuales 15 billones se cubrirán con recursos públicos. Además, el mandatario criticó subsidios como los del Finagro, que superan los 400 millones de pesos en casos como el del ganadero Juan José Lafaurie, a quienes tildó de «megarricos».
Declaraciones que encienden la tensión institucional
En redes sociales y declaraciones públicas, los líderes congressionales y el presidente expusieron sus posiciones. García enfatizó la autonomía del Legislativo frente al Ejecutivo, mientras López defendió la necesidad de herramientas excepcionales ante los riesgos sociales. Petro, por su parte, advirtió sobre un horizonte oscuro si la Corte Constitucional no respalda la emergencia, responsabilizando al Congreso y a la directiva del Banco de la República por la crisis, comparándola con una familia empobrecida por salarios insuficientes y el alza en los intereses de la deuda.
«El Congreso no se subordina: citaremos y examinaremos con rigor los decretos adoptados. Nuestra autonomía permanece intacta»
Lidio García, presidente del Senado
«Negar herramientas excepcionales ante riesgos sociales reales no protege a la gente: la deja sola»
Julián López, presidente de la Cámara de Representantes
La revisión de la constitucionalidad de los decretos recaerá en la Corte Constitucional a partir de enero, tras la vacancia judicial, lo que definirá si el país mantiene su ruta de recuperación o entra en una crisis económica mayor. Esta situación ha elevado la tensión institucional, con escrutinio previsto para los decretos durante 2024, en un contexto de fracaso legislativo que pone en jaque las finanzas nacionales.
«Le toca al gobierno la sensatez, a través de la emergencia, de continuar el progreso en Colombia y espero ocurra lo mismo con la Corte Constitucional. Si no, seguiremos con la sensatez, pero el horizonte se tornará oscuro»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«La corte decidirá si el país sigue su ruta de recuperación o entra en el camino de la crisis económica»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«Felicito a la corte por no citar extraordinarias ilegales como lo pedían los megarricos del país después de meter en su bolsillo los subsidios que el pueblo colombiano les ha dado y con los que aumentan sus fortunas sin trabajar»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
El debate promete intensificarse en los próximos días, con el Congreso reafirmando su rol de contralor y el Gobierno insistiendo en la urgencia de medidas extraordinarias para evitar un colapso fiscal y social en Colombia.
