La declaración de emergencia económica por parte del presidente Gustavo Petro ha generado una profunda división entre los presidentes del Senado, Lidio García del Partido Liberal, y de la Cámara de Representantes, Julián López de La U, durante un control político realizado en el Congreso de Colombia. Mientras García anunció la convocatoria a sesiones para examinar con rigor los decretos adoptados mediante el Decreto 1390, López expresó su respaldo a la medida excepcional ante los riesgos sociales y fiscales que enfrenta el país. Este enfrentamiento se desató tras los mensajes del mandatario en redes sociales el 23 de diciembre, con una sesión inicial en el Senado programada para el 26 de diciembre, originalmente destinada a ascensos militares y policiales, y una revisión posterior por parte de la Corte Constitucional en enero debido a la vacancia judicial.
El control político fue propuesto por el representante Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical, en medio de tensiones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. La medida responde al fracaso de la reforma tributaria 3.0, rechazada dos veces por las comisiones económicas del Senado y que buscaba recaudar 16,6 billones de pesos, agravado por la caída en los precios del petróleo y el carbón, así como el aumento de la tasa de interés por el Banco de la República. Petro ha responsabilizado al Congreso y a la directiva del banco emisor por la insostenibilidad de la deuda pública, comparándola con la situación de una familia en pobreza atrapada por salarios insuficientes y alzas en los intereses de sus deudas.
La Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre la emergencia económica
Entre las cifras que justifican la emergencia destacan la necesidad adicional de 3,7 billones de pesos en el sector salud, pagos omitidos para 2025 que ascienden a 20 billones —de los cuales 15 billones se cubrirían con presupuesto público—, la emisión de deuda por 23 billones de pesos a un solo oferente, subsidios estatales a los megarricos que superan los 40 billones de pesos y más de 400 millones de pesos en subsidios de Finagro destinados a Juan José Lafaurie. Estas vulnerabilidades fiscales y sociales impulsaron la decisión presidencial, que ahora pende de la revisión constitucional.
«El Congreso no se subordina: citaremos y examinaremos con rigor los decretos adoptados. Nuestra autonomía permanece intacta»
Lidio García, presidente del Senado
«Negar herramientas excepcionales ante riesgos sociales reales no protege a la gente: la deja sola»
Julián López, presidente de la Cámara de Representantes
El presidente Petro, por su parte, ha enfatizado la necesidad de sensatez en el Gobierno para continuar el progreso nacional, augurando un horizonte oscuro si la Corte Constitucional no respalda la medida, y felicitando al alto tribunal por no convocar sesiones extraordinarias ilegales solicitadas por los megarricos beneficiados con subsidios del pueblo colombiano. «Le toca al gobierno la sensatez, a través de la emergencia, de continuar el progreso en Colombia y espero ocurra lo mismo con la Corte Constitucional. Si no, seguiremos con la sensatez, pero el horizonte se tornará oscuro», declaró el mandatario, añadiendo que «la corte decidirá si el país sigue su ruta de recuperación o entra en el camino de la crisis económica». Así, la última palabra sobre la validez de esta emergencia económica recaerá en la Corte Constitucional, en un contexto de creciente tensión entre los poderes del Estado.
