La Asociación de Bares de Colombia, Asobares, expresó un firme rechazo al posible incremento de impuestos a licores que el Gobierno nacional impulsaría mediante un decreto de emergencia económica, alertando sobre graves consecuencias para el empleo formal y la economía nocturna del país. En un comunicado dirigido a la opinión pública, el gremio subrayó que esta medida generaría una caída en las ventas legales de bebidas alcohólicas, incentivaría el contrabando y la adulteración de licores, y provocaría la pérdida de miles de puestos de trabajo en un sector ya golpeado por la pospandemia, con altos costos laborales, arrendamientos y reformas recientes.
La economía nocturna, estrechamente ligada al turismo, la oferta cultural y la gastronomía, genera actualmente 1,6 millones de empleos directos e indirectos, muchos de ellos ocupados por jóvenes y mujeres, según datos del sector. Asobares advirtió que el decreto, identificado como el 1390 y promovido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, agravaría la crisis fiscal sin resolver los problemas estructurales del país, y en lugar de ello propuso abrir un diálogo con los actores productivos para explorar alternativas fiscales más viables y menos perjudiciales.
Amplio rechazo de los gremios empresariales
El malestar no se limita a Asobares, ya que otros importantes gremios como la Andi, Fenalco, Camacol y el Consejo Gremial Nacional también cuestionaron la legalidad y pertinencia del decreto de emergencia económica, argumentando que no responde a un hecho sobreviniente, imprevisible o extraordinario, sino a circunstancias estructurales conocidas y debatidas en el Congreso, el cual no aprobó el aumento de impuestos por múltiples razones.
“El regalo de Navidad del Gobierno a los colombianos serán 16 billones de impuestos. Los que el Congreso no aprobó por múltiples causas”.
Bruce Mac Master, presidente de Andi
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, fue aún más contundente al afirmar que ninguna de las razones invocadas en el decreto se ajusta a lo indicado por la Constitución para declararlo, configurando un flagrante abuso del derecho por parte de los funcionarios nacionales. Por su parte, Fenalco lamentó que se exija mayores recursos a la ciudadanía en medio de cuestionamientos sobre la ejecución presupuestal, la eficiencia del gasto público y una gestión estatal marcada por escándalos, recordando que el bolsillo de los colombianos no aguanta más.
“Es evidente y clara la inexistencia de los requerimientos constitucionales para declarar una emergencia económica”.
Consejo Gremial Nacional
Camacol coincidió en que la medida no obedece a una crisis imprevisible, mientras que el Consejo Gremial Nacional enfatizó la ausencia de bases constitucionales para su implementación. En este contexto, Asobares insistió en la necesidad de un enfoque colaborativo que proteja la cadena productiva y evite impactos negativos en la reactivación económica nacional.
