La Asociación de Bares de Colombia (Asobares) rechazó enfáticamente el posible incremento de impuestos a licores que impulsaría el Gobierno nacional mediante el decreto de emergencia económica, alertando sobre un impacto negativo directo en el empleo y la economía nocturna del país. En un comunicado oficial, la entidad gremial advirtió que esta medida profundizaría las dificultades que enfrenta el sector tras la pandemia, agravadas por altos costos laborales, arrendamientos elevados y las recientes reformas laborales y tributarias, lo que podría derivar en una caída de las ventas legales, un auge del contrabando y la adulteración de licores, así como en la pérdida masiva de empleos, especialmente entre jóvenes y mujeres.
La economía nocturna, estrechamente vinculada al turismo, la oferta cultural y la gastronomía, genera en Colombia 1,6 millones de empleos directos e indirectos, según datos del sector. Esta propuesta llega en medio del decreto 1390 de emergencia económica impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha generado un amplio rechazo de gremios como la Andi, Fenalco, Camacol y el Consejo Gremial Nacional, quienes cuestionan su justificación constitucional por no corresponder a hechos sobrevinientes, imprevisibles o extraordinarios, sino a problemas estructurales conocidos y debatidos previamente.
Gremios unidos contra el decreto
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, criticó duramente la iniciativa al afirmar que representa el regalo de Navidad del Gobierno a los colombianos con 16 billones de impuestos que el Congreso no aprobó por múltiples causas, y sostuvo que ninguna de las razones invocadas en el decreto se ajusta a lo indicado por la Constitución para declararlo, configurando un flagrante abuso del derecho por parte de los funcionarios nacionales. Por su parte, Fenalco expresó que resulta difícil entender cómo se exige mayores recursos a la ciudadanía cuando persisten cuestionamientos sobre la ejecución presupuestal, la eficiencia del gasto público y una gestión estatal marcada por escándalo tras escándalo, recordando que el bolsillo de los colombianos no aguanta más.
“La crisis fiscal no obedece a un hecho sobreviniente, imprevisible o extraordinario, sino a circunstancias estructurales conocidas y debatidas”
Camacol
Camacol agregó que el decreto introduce incertidumbre sobre la estabilidad de las reglas económicas, mientras que el Consejo Gremial Nacional enfatizó que es evidente la inexistencia de los requerimientos constitucionales para declarar una emergencia económica. Ante este panorama, Asobares propuso abrir un diálogo con los actores productivos para explorar alternativas fiscales viables, y el Consejo Gremial solicitó a la Corte Constitucional la suspensión provisional del decreto para evitar perjuicios irreparables a la economía nacional.
El rechazo unificado de estos gremios subraya la preocupación por las repercusiones en un sector clave para la reactivación económica post-pandemia, donde cualquier incremento impositivo podría acelerar el cierre de establecimientos y el desempleo en regiones dependientes de la noche como motor de desarrollo.
