La Asociación de Bares de Colombia (Asobares) rechazó enfáticamente el posible incremento de impuestos a los licores que impulsaría el Gobierno nacional mediante un decreto de emergencia económica, alertando sobre graves consecuencias para el empleo formal y la economía nocturna del país. En un comunicado oficial, el gremio advirtió que esta medida generaría una caída en las ventas legales, fomentaría el contrabando y la adulteración de licores, y pondría en riesgo miles de puestos de trabajo, especialmente entre jóvenes y mujeres, en un sector ya golpeado por la pandemia, el alza en costos laborales, arrendamientos y reformas pendientes.
El rechazo se extiende a otros importantes gremios como la Andi, Fenalco, Camacol y el Consejo Gremial Nacional, que cuestionan la constitucionalidad del Decreto 1390 impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Según datos del sector, la economía nocturna genera 1,6 millones de empleos directos e indirectos, vinculados al turismo, la oferta cultural y la gastronomía, y aporta alrededor de 16 billones de pesos en impuestos, cifra destacada por la Andi. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, criticó duramente la iniciativa al afirmar que representa “el regalo de Navidad del Gobierno a los colombianos serán 16 billones de impuestos. Los que el Congreso no aprobó por múltiples causas”.
Gremios cuestionan la legalidad del decreto
Los líderes gremiales argumentan que el decreto no cumple con los requisitos constitucionales para una emergencia económica, ya que no responde a un hecho sobreviniente, imprevisible o extraordinario, sino a problemas estructurales conocidos y debatidos previamente. Mac Master profundizó en esta crítica al señalar que “ninguna de las razones invocadas dentro del decreto de emergencia económica son de las indicadas por la Constitución para poder decretarla” y que “configura un caso flagrante de abuso del derecho por parte de los funcionarios del Gobierno nacional que lo configuraron”. Fenalco, por su parte, expresó que “resulta difícil entender cómo se pretende exigir mayores recursos a la ciudadanía cuando persisten serios cuestionamientos sobre la ejecución presupuestal, la eficiencia del gasto público y una gestión estatal marcada por escándalo tras escándalo”, agregando que “el bolsillo de los colombianos no aguanta más”. Camacol y el Consejo Gremial Nacional coincidieron en que “es evidente y clara la inexistencia de los requerimientos constitucionales para declarar una emergencia económica”, por lo que exigen una revisión judicial inmediata.
“Resulta difícil entender cómo se pretende exigir mayores recursos a la ciudadanía cuando persisten serios cuestionamientos sobre la ejecución presupuestal, la eficiencia del gasto público y una gestión estatal marcada por escándalo tras escándalo”.
Fenalco
Frente a estos riesgos, Asobares propone abrir un diálogo con los actores productivos para explorar alternativas fiscales que no afecten la sostenibilidad del sector. El pronunciamiento colectivo de los gremios subraya la necesidad de políticas que fortalezcan la formalidad y la competitividad, en lugar de medidas que podrían agravar la informalidad y el desempleo en Colombia.
