La Defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un urgente llamado el 25 de diciembre al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Frente 33 para que cesen de inmediato los combates en el corregimiento de La Gabarra, ubicado en el municipio de Tibú, en la región del Catatumbo, Norte de Santander, Colombia. A través de canales oficiales y las redes sociales de la Defensoría del Pueblo, exigió el ingreso inmediato de personal médico y misiones humanitarias destinadas a asistir a los heridos y a la población civil afectada por la crisis generada por el recrudecimiento de los enfrentamientos entre estas guerrillas.
Los intensos combates, que se agudizaron precisamente en esa fecha, han provocado una grave crisis humanitaria en la zona, con habitantes refugiados en una escuela rural y ambulancias retenidas por grupos armados en el kilómetro 16 de la vía Tibú-La Gabarra. En las últimas 24 horas, cerca de 250 personas han sido desplazadas, según datos del Norwegian Refugee Council (NRC) y autoridades locales, con 54 núcleos familiares, equivalentes a unas 200 personas, llegando a Cúcuta, y 11 familias, aproximadamente 50 individuos, refugiándose en Ocaña. Además, más de 6.000 personas en Pachelly enfrentan riesgo inminente de confinamiento o desplazamiento, mientras que en lo que va de 2025, al menos 200.000 habitantes del Catatumbo, que representan el 53 por ciento de la población subregional, han sido afectados, de acuerdo con el informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Escalada de violencia en una región históricamente golpeada
El Catatumbo, zona tradicionalmente azotada por la violencia armada, vive una nueva escalada entre el ELN y las disidencias del Frente 33, lo que ha generado desplazamientos masivos desde los municipios de Tibú y El Tarra hacia Cúcuta y Ocaña. El NRC ha activado una respuesta humanitaria de emergencia para brindar techo seguro, alimentos, agua potable y protección a los desplazados. La Defensoría del Pueblo ha coordinado con instituciones estatales medidas de protección, en tanto la vicepresidenta Francia Márquez ha pedido respeto por la vida, el territorio y la dignidad de la población, junto con garantías de seguridad y apoyo humanitario.
Clamores por la paz y la asistencia urgente
En su declaración, Iris Marín enfatizó la necesidad de actuar con rapidez para salvar vidas en medio del caos.
“Pedimos al ELN y al Frente 33 cesar de inmediato los combates en La Gabarra – Tibú y permitir el ingreso del personal médico para evacuar a las personas heridas y para poder llevar atención humanitaria a la zona”
Iris Marín, Defensora del Pueblo
Por su parte, Giovanni Rizzo, director de país del NRC en Colombia, alertó sobre la desesperación de los civiles.
“Cientos de personas están huyendo para salvar sus vidas y necesitan asistencia humanitaria urgente: un techo seguro, alimentos, agua potable y protección”
Giovanni Rizzo, director de país del NRC en Colombia
La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz se sumó al llamado, insistiendo en la primacía del diálogo.
“Nos sumamos al llamado de la Defensoría para clamar por el cese de las hostilidades y el respeto por la vida. La palabra debe ser la única arma para luchar por un mejor país”
Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz
Estas declaraciones, difundidas por las cuentas oficiales de la Defensoría del Pueblo, Iris Marín y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz en la red social X, subrayan la urgencia de una tregua que permita atender a los heridos y evitar una emergencia humanitaria mayor en el Catatumbo, donde la población civil sigue pagando el costo más alto de la confrontación armada.
