Iris Marín, Defensora del Pueblo, solicitó este 25 de diciembre al ELN y al Frente 33 el cese inmediato de los combates en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, en la región del Catatumbo, Norte de Santander, nororiente de Colombia, así como el ingreso urgente de personal médico y misiones humanitarias para atender la crisis generada por el recrudecimiento de enfrentamientos entre estos grupos armados, que han dejado heridos y una población civil gravemente afectada. La petición se realizó a través de canales oficiales y las redes sociales de la Defensoría del Pueblo.
En las últimas 24 horas, cerca de 250 personas han sido desplazadas, según reportes del NRC y autoridades locales, con 54 núcleos familiares, equivalentes a unas 200 personas, llegando a Cúcuta, y 11 familias, cerca de 50 individuos, refugiándose en Ocaña. Además, más de 6.000 personas en Pachelly enfrentan riesgo inminente de confinamiento o desplazamiento forzado. En lo que va de 2025, al menos 200.000 personas en Catatumbo, que representan el 53 por ciento de la población de la subregión, han sido afectadas, de acuerdo con la OCHA.
Escalada de violencia y restricciones humanitarias
La escalada de combates entre el ELN y las disidencias del Frente 33 ha generado un histórico de violencia en la zona, con un recrudecimiento reportado precisamente el 25 de diciembre en La Gabarra, donde familias, incluyendo menores, se han refugiado en una escuela rural bajo condiciones de confinamiento. Heridos permanecen sin evacuar debido a restricciones en el acceso médico, bloqueos en la vía Tibú-La Gabarra a la altura del kilómetro 16 y retenes armados que han impedido el paso de ambulancias. Desplazados procedentes de Tibú y El Tarra han huido hacia Cúcuta y Ocaña en busca de seguridad.
“Pedimos al ELN y al Frente 33 cesar de inmediato los combates en La Gabarra – Tibú y permitir el ingreso del personal médico para evacuar a las personas heridas y para poder llevar atención humanitaria a la zona”
Iris Marín, Defensora del Pueblo
“Cientos de personas están huyendo para salvar sus vidas y necesitan asistencia humanitaria urgente: un techo seguro, alimentos, agua potable y protección”
Giovanni Rizzo, director de país del NRC en Colombia
El llamado humanitario ha recibido respaldo de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y de la vicepresidenta Francia Márquez, quienes se suman a la Defensoría para exigir el respeto a la vida en medio de la crisis.
“Nos sumamos al llamado de la Defensoría para clamar por el cese de las hostilidades y el respeto por la vida. La palabra debe ser la única arma para luchar por un mejor país”
Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz
El NRC ha activado una respuesta de emergencia ante la situación, mientras la OCHA alerta sobre la profunda crisis humanitaria en la subregión del Catatumbo, donde la población civil sigue pagando el costo más alto de la confrontación armada.
