La Defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un urgente llamado el 25 de diciembre al ELN y al Frente 33 para que cesen de inmediato los combates en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, en el Catatumbo, Norte de Santander, y permitan el ingreso de personal médico y misiones humanitarias. Esta solicitud se realizó a través de los canales oficiales y las redes sociales de la Defensoría del Pueblo, en respuesta al recrudecimiento de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33, que han dejado heridos, confinamientos y desplazamientos masivos en la zona.
En las últimas 24 horas, cerca de 250 personas han sido desplazadas, según el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y autoridades locales; de ellas, 54 núcleos familiares, aproximadamente 200 personas, llegaron a Cúcuta, mientras que 11 familias, unas 50 personas, se refugiaron en Ocaña. Además, más de 6.000 habitantes de Pachelly enfrentan riesgo inminente de desplazamiento o confinamiento. En lo que va de 2025, al menos 200.000 personas en el Catatumbo, equivalente al 53 por ciento de la población subregional, han sido afectadas, de acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA).
Crisis humanitaria agravada por combates intensos
Los enfrentamientos se han intensificado en el kilómetro 16 de la vía Tibú-La Gabarra-Orú-Versalles, donde habitantes se han refugiado en una escuela rural y retenes armados han bloqueado el paso de ambulancias, impidiendo la atención a personas heridas y restringiendo la movilidad y los servicios básicos. Esta escalada de violencia ha generado una crisis humanitaria con desplazamientos masivos desde Tibú y El Tarra hacia Cúcuta y Ocaña. El NRC ha activado una respuesta humanitaria de emergencia y solicitado atención estatal inmediata, mientras la Defensoría del Pueblo coordina con instituciones estatales para implementar medidas de protección.
“Pedimos al ELN y al Frente 33 cesar de inmediato los combates en La Gabarra – Tibú y permitir el ingreso del personal médico para evacuar a las personas heridas y para poder llevar atención humanitaria a la zona”
Iris Marín, Defensora del Pueblo
“Cientos de personas están huyendo para salvar sus vidas y necesitan asistencia humanitaria urgente: un techo seguro, alimentos, agua potable y protección”
Giovanni Rizzo, director de país del NRC en Colombia
La vicepresidenta Francia Márquez también se pronunció pidiendo respeto por la vida, el territorio y la dignidad de las comunidades, así como garantías de seguridad para el eventual retorno y apoyo humanitario. Por su parte, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz se sumó al llamado de la Defensoría.
“Nos sumamos al llamado de la Defensoría para clamar por el cese de las hostilidades y el respeto por la vida. La palabra debe ser la única arma para luchar por un mejor país”
Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz
Esta situación subraya la persistente inestabilidad en el Catatumbo, donde la violencia armado continúa desplazando a miles y demandando una respuesta coordinada del Estado y la comunidad internacional para proteger a las víctimas y facilitar el acceso humanitario.
