Relatores especiales en derechos humanos advirtieron que el bloqueo marítimo parcial y el despliegue militar estadounidense en el Caribe vulneran normas fundamentales del derecho internacional y ponen en riesgo derechos humanos en Venezuela y la región.
Cuatro expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas afirmaron que el bloqueo marítimo parcial impuesto por Estados Unidos a Venezuela vulneraría normas fundamentales del derecho internacional. En un pronunciamiento divulgado este 24 de diciembre, señalaron que estas acciones constituyen una forma de agresión prohibida por la Carta de la ONU.
Los relatores especiales indicaron que la imposición de sanciones unilaterales mediante un bloqueo armado contraviene principios esenciales como la soberanía de los Estados, la prohibición del uso de la fuerza, la no intervención y la solución pacífica de las controversias, considerados pilares del orden jurídico internacional.
Los expertos se refirieron al despliegue de una fuerza militar estadounidense en el Caribe, anunciado en diciembre, y recordaron que este tipo de bloqueos está expresamente prohibido por la Carta de las Naciones Unidas y reconocido como una agresión armada ilegal en la Definición de Agresión adoptada por la Asamblea General en 1974.
De acuerdo con los relatores, al tratarse de un ataque armado en los términos del artículo 51 de la Carta de la ONU, el Estado afectado tendría derecho a ejercer la legítima defensa. También advirtieron que el uso ilegal de la fuerza y las amenazas de intensificarla ponen en riesgo el derecho a la vida y otros derechos humanos en Venezuela y la región.
Según el derecho internacional, la agresión señalada constituiría un crimen sujeto a jurisdicción universal, lo que permitiría a los Estados enjuiciarlo. No obstante, los expertos indicaron que los más altos funcionarios gubernamentales gozan de inmunidad penal mientras permanezcan en el ejercicio de sus cargos.
El comunicado advierte además que las sanciones asociadas al bloqueo serían ilegales, desproporcionadas y de carácter punitivo, y que afectarían de manera grave los derechos humanos de la población venezolana, así como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los expertos recordaron que el bloqueo se produce tras la designación, en noviembre de 2025, de funcionarios del Gobierno venezolano, incluido el presidente, como parte de una supuesta organización terrorista denominada Cartel de los Soles, cuya existencia no ha sido comprobada. También mencionaron las acusaciones de apropiación indebida de bienes estadounidenses.
Finalmente, denunciaron que antes del anuncio del bloqueo se produjeron al menos 104 asesinatos arbitrarios durante ataques contra embarcaciones civiles desde septiembre de 2025. Los relatores señalaron que estos hechos deben ser investigados, instaron al Congreso de Estados Unidos a intervenir para evitar nuevas acciones y llamaron a los Estados a adoptar medidas diplomáticas y legales para poner fin al bloqueo y garantizar la rendición de cuentas.
