El gobierno nacional, a través del presidente Gustavo Petro, expidió el decreto 1401 del 22 de diciembre de 2025, que establece la reserva del 7% de las plazas en los concursos de ingreso y ascenso a la carrera administrativa para personas con discapacidad en el sector público de Colombia. Esta medida, impulsada por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y en respuesta a una solicitud de urgencia de la Procuraduría General de la Nación, busca garantizar la inclusión laboral y la equidad mediante la adaptación de los procesos de selección, inscripciones y pruebas para asegurar accesibilidad plena.
La norma obliga a la CNSC a modificar sus procedimientos para facilitar la participación de este grupo poblacional, incluyendo la exención total de los pagos por derechos de participación, cuyo costo será asumido directamente por las entidades públicas involucradas en cada proceso. Esta iniciativa responde al cumplimiento de la Ley 2418 de 2024 y se aplica por primera vez en la Convocatoria Territorial 12, que ofrece 1.419 vacantes distribuidas en 22 entidades de ocho departamentos: Atlántico, Cundinamarca, Huila, Caldas, Risaralda, Bolívar, Meta y Norte de Santander. De estas, 89 plazas están reservadas específicamente para personas con discapacidad, con 9 destinadas a ascenso y 80 a ingreso.
Adaptaciones y requisitos en el proceso selectivo
Los procesos de selección se estructurarán en fases como la verificación de requisitos, aplicación de pruebas y conformación de listas de elegibles, evaluando según los niveles de cargo: asesor, profesional, técnico y asistencial. Para acceder a las vacantes reservadas, se exigirá un certificado de discapacidad únicamente en esa etapa, sin necesidad de registrarlo previamente en el Sistema de Meritocracia (Simo), lo que agiliza la inscripción inicial y promueve mayor participación.
“las personas con discapacidad estarán exentas del pago de los derechos de participación en los procesos de selección y concurso de la carrera administrativa; el valor será asumido por cada entidad pública que haga parte del respectivo proceso”
Comunicado de la Procuraduría General de la Nación
Esta política fortalece la inclusión en la administración pública colombiana, atendiendo directamente la petición de la Procuraduría para proteger derechos fundamentales y avanzar en la equidad laboral, en un contexto donde la representación de personas con discapacidad en cargos públicos ha sido históricamente limitada.
