El gobierno nacional de Colombia, bajo la dirección del presidente Gustavo Petro y mediante la Resolución N.º. 274 emitida el 24 de diciembre de 2025 por el consejero comisionado de Paz José Otty Patiño Hormaza, suspendió las órdenes de captura y extradición contra cinco líderes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo. Esta medida busca facilitar el traslado de estos mandos medios hacia Zonas de Ubicación Temporal en los departamentos de Chocó y Córdoba, como paso inicial para avanzar en diálogos y acuerdos de paz, en línea con la Resolución 471 de 2025.
La decisión se tomó tras la recepción de un listado con los nombres e identificaciones de los cinco beneficiados, entregado directamente por un representante del EGC al gobierno. Esta información, revelada por el medio Análisis Urbano, permite el desplazamiento de los líderes con garantías de seguridad humana y jurídica, involucrando a varias entidades clave en el proceso.
Entidades responsables garantizan el proceso
La Fiscalía General de la Nación se comprometió a cumplir con la suspensión de las capturas, mientras que el Ministerio de Defensa asumirá la garantía de seguridad durante el traslado. Por su parte, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp/OEA) se encargará de ubicar y monitorear progresivamente a los miembros del EGC en las zonas designadas, fortaleciendo así el marco de confianza para las negociaciones.
“recibir y aceptar de buena fe, de conformidad con el principio de confianza legítima, el listado que contiene cinco (5) nombres e identificaciones de las siguientes personas, el cual fue entregado por un miembro representante del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia — (a) EGC”
Resolución N.º. 274 del 24 de diciembre de 2025
Esta suspensión representa un avance significativo en los esfuerzos por desmovilizar estructuras criminales mediante la vía del diálogo, en un contexto donde el gobierno busca consolidar la paz total en regiones afectadas por el conflicto armado, priorizando la protección de derechos humanos y el fin de la violencia en zonas como Chocó y Córdoba.
