La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis integrantes de una red criminal dedicada al transporte ilegal de migrantes en Norte de Santander, que operaba desde hace un año y medio y abandonaba a las personas en la frontera con Ecuador. Los imputados, Leonardo Fabio Gómez Moncada, Álvaro Lagos Camargo, Carmen Liliana Vaca Castañeda, Jessica Alexandra Pérez Moreno, Jenny Fernanda Triana Becerra y Jorge Enrique Becerra Vera, enfrentaron audiencia ante un juez de control de garantías por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes agravado. Cinco de ellos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Becerra Vera quedó en detención domiciliaria. La operación contó con la colaboración de la Dijín de la Policía Nacional.
La red, desmantelada tras la investigación de seis hechos comprobados, movilizaba mayoritariamente migrantes venezolanos desde municipios como Cúcuta, Pamplonita y Los Patios, en Norte de Santander, hacia la región de Urabá y la frontera con Ecuador. A través de tres agencias de viajes, ofrecían paquetes turísticos falsos que incluían buses, hospedaje, alimentación, chips telefónicos, guías y documentos falsos o extemporáneos para evadir controles migratorios. Captaban a las personas cerca de terminales de transporte y prometían rutas hacia Quito en Ecuador, Lima en Perú o ciudades de Chile, pero las abandonaban en la frontera. En total, desplazaron a 222 personas, entre ellas 27 menores de edad, cobrando entre 170.000 y 270.000 pesos colombianos o 40 a 45 dólares por persona, hasta 450 dólares por la ruta completa Colombia-Chile, 140 dólares de Cúcuta a Lima y 100.000 pesos por puesto al conductor.
Modus operandi y desarticulación de la estructura
Desde el terminal de transportes de Cúcuta, los miembros de la red asumían funciones específicas para coordinar el traslado ilegal, utilizando estos servicios engañosos para lucrarse con la vulnerabilidad de los migrantes. La Fiscalía y la Dijín lograron seis capturas que culminaron en la judicialización reciente, poniendo fin a una operación que ponía en riesgo la vida de cientos de personas en busca de mejores oportunidades.
“Ustedes conformaron un grupo delincuencial organizado que, desde el terminal de transportes de Cúcuta, desarrollaban las siguientes funciones específicas”
Fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos
Este caso se enmarca en esfuerzos más amplios contra el crimen transnacional, como el desmantelamiento en diciembre de 2025 de otra red que facilitaba cédulas, registros civiles y pasaportes falsos a migrantes dominicanos por rutas Ecuador-Perú-Brasil, con cobros de hasta 3.000 a 5.000 dólares por trámite. Esa operación involucró coordinación entre Fiscalía, Dijín, DSS de la Embajada de Estados Unidos, Registraduría y Migración Colombia, bajo el liderazgo de la mayor Ruby Stella Ruiz de la Dijín, destacando la creciente lucha contra las mafias que explotan la migración irregular.
