La Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Inteligencia Judicial (Dijín) lograron la judicialización de seis integrantes de una red criminal dedicada al transporte ilegal de migrantes en Norte de Santander, que operaba desde hace un año y medio movilizando personas hasta la frontera con Ecuador. Los imputados son Leonardo Fabio Gómez Moncada, Álvaro Lagos Camargo, Carmen Liliana Vaca Castañeda, Jessica Alexandra Pérez Moreno, Jenny Fernanda Triana Becerra y Jorge Enrique Becerra Vera, quienes enfrentaron audiencia ante un juez de control de garantías por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes agravado. Mientras cinco de ellos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, Becerra Vera fue enviada a detención domiciliaria, bajo la dirección de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.
La organización delictiva utilizaba tres agencias de viajes en municipios como Cúcuta, Pamplonita y Los Patios para ofrecer paquetes turísticos falsos hacia destinos como Quito en Ecuador, Lima en Perú y ciudades de Chile, que incluían traslados en buses, hospedaje, alimentación, chips telefónicos, guías y documentos falsos o extemporáneos para evadir controles migratorios. Sin embargo, los migrantes eran abandonados en la zona fronteriza con Ecuador, sin completar el trayecto prometido, principalmente captando a venezolanos cerca de los terminales de transportes en la región de Urabá y Norte de Santander.
Operación que movilizó a cientos de personas, incluyendo menores
En total, la red movió a 222 personas, entre las que se encontraban 27 menores de edad, cobrando por persona entre 170.000 y 270.000 pesos colombianos o 40 a 45 dólares, con tarifas más altas para rutas extendidas como Colombia-Chile por 450 dólares o Cúcuta-Lima por 140 dólares; además, pagaban 100.000 pesos por puesto ocupado a los conductores de buses. Las autoridades investigan al menos seis hechos específicos relacionados con esta actividad ilícita.
“Ustedes conformaron un grupo delincuencial organizado que, desde el terminal de transportes de Cúcuta, desarrollaban las siguientes funciones específicas”
Fiscal del caso
Tras un año y medio de operaciones, la red fue desmantelada por la Fiscalía y la Dijín, dejando a los procesados a disposición de la justicia para definir su situación jurídica definitiva, en un esfuerzo por combatir el tráfico de migrantes que pone en riesgo la vida de cientos de personas vulnerables en la frontera.
