El gobierno del presidente Gustavo Petro ha formalizado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil la inscripción de un comité promotor integrado por nueve personas, liderado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, con el objetivo de impulsar una asamblea nacional constituyente mediante iniciativa popular. Esta iniciativa busca suprimir la autonomía del Banco de la República y reemplazar la Corte Constitucional por un Tribunal Constitucional Autónomo, en un proceso que se encuentra en sus fases iniciales, con apenas ocho meses restantes hasta la transición presidencial.
La movida responde a la frustración del Ejecutivo por el bloqueo institucional y las omisiones legislativas que, según el diagnóstico oficial, restringen derechos fundamentales y deterioran la confianza ciudadana, especialmente en el avance de reformas sociales en el Congreso. El comité, inscrito de manera formal, plantea una revisión profunda del modelo económico y del sistema judicial para superar estos obstáculos.
Propuestas económicas y judiciales en el horizonte
Entre las propuestas clave del comité se incluyen la promoción de un nuevo modelo económico que fomente la economía popular, asociativa, cooperativa y solidaria, sin desconocer la economía formal privada mixta y productiva, mediante la creación de zonas especiales con mayor participación estatal en la producción y el reparto de ganancias. Además, se busca ajustar el funcionamiento del Banco de la República, rescatar la banca pública, transformar la política monetaria junto a un programa nacional de desarrollo productivo popular para generar empleo masivo y proscribir la tercerización laboral, al tiempo que el Estado conserve el control de los sectores estratégicos.
En el ámbito judicial, el proyecto enfatiza la necesidad de robustecer la jurisdicción constitucional mediante un Tribunal Constitucional autónomo con facultades reforzadas para subsanar omisiones legislativas estructurales, emitir sentencias con efectos modulados y ordenar políticas públicas en casos de violaciones masivas de derechos, con el fin de que la justicia deje de ser un instrumento de retaliación política o impunidad y se convierta en un pilar para la paz y la protección efectiva de los derechos ciudadanos.
«Colombia necesita un nuevo modelo económico que, sin desconocer la economía formal privada mixta y productiva con creación de zonas especiales donde el Estado tenga la mayor participación en la producción y el reparto de las ganancias, fomente la economía popular, asociativa, cooperativa y solidaria. Así mismo, se necesita revisar y ajustar el funcionamiento del Banco de la República, transformar y rescatar la banca pública y la política monetaria, de la mano con un programa nacional de desarrollo productivo popular para la generación de empleo masivo y la proscripción de la tercerización laboral. Finalmente, el Estado debe conservar el control de los sectores estratégicos de la economía».
Comité promotor, texto del proyecto
«Igualmente, se ha planteado robustecer la jurisdicción constitucional, quizá mediante un Tribunal Constitucional autónomo con facultades reforzadas para subsanar omisiones legislativas estructurales, en los términos que defina el poder constituyente, emitir sentencias con efectos modulados y ordenar políticas públicas en casos de violación masiva de derechos. Tales innovaciones pretenden que la justicia deje de ser un instrumento de retaliación política o de impunidad encubierta, y se convierta en un pilar para la paz y la protección efectiva de los derechos ciudadanos».
Comité promotor, texto del proyecto
El anuncio ha generado polémica, con cuestionamientos del precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo y analistas que dudan de su viabilidad, dado que el proceso está en estado incipiente sin trámite parlamentario concretado. Ante las acusaciones de intenciones autoritarias, el presidente Petro respondió con claridad: «No voy a ser dictador. No insulte, ni la constituyente se hará en mi gobierno», rechazando de plano cualquier interpretación de golpe de mano en un contexto de tensiones institucionales crecientes.
