La Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia presentó una propuesta para establecer topes máximos en los cobros por reconexión de servicios de telecomunicaciones suspendidos por falta de pago, fijando un límite de 275 pesos para líneas móviles y 1981 pesos para servicios fijos, ambos valores expresados en pesos constantes de diciembre de 2025. Esta iniciativa, publicada el 26 de diciembre de 2025, busca proteger a los usuarios y se somete a consulta pública hasta el 9 de febrero de 2026, con la expectativa de que la regulación definitiva entre en vigor antes del 16 de julio de 2026.
La propuesta surge del análisis de datos técnicos y operativos proporcionados por los operadores durante los años 2022, 2023 y el primer semestre de 2024, destacando que más del 90 por ciento de los accesos fijos y de televisión por suscripción ya utilizan métodos de reconexión remota. Esta reconexión se define como el restablecimiento del acceso al servicio una vez que el usuario ha saldado su deuda pendiente, y los topes se diferencian según los costos eficientes reales de cada tipo de servicio, limitándose estrictamente a los gastos necesarios para reactivar la conexión, sin incluir reparaciones ni mantenimiento.
Base legal y cronograma de implementación
La medida responde al mandato de la Ley 2485 de 2025, que obliga a la CRC a regular este aspecto en un plazo de 12 meses desde su entrada en vigor, complementando el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Comunicaciones. Un documento inicial divulgado el 25 de julio de 2025 ya había identificado variaciones significativas en las prácticas de cobro entre operadores, lo que impulsó esta estandarización. Además, la propuesta incorpora una adición a la metodología de actualización tarifaria establecida en la Resolución CRC 5050 de 2016.
Los interesados, ya sean usuarios o empresas del sector, pueden participar en la consulta pública enviando sus comentarios al correo electrónico reconexion@crcom.gov.co, contribuyendo así a pulir una norma que promete equilibrar los derechos de los consumidores con la sostenibilidad operativa de las telecomunicaciones en todo el país.
