La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia ha propuesto establecer topes máximos para los cobros por reconexión de servicios de telecomunicaciones suspendidos por falta de pago, fijando un límite de 275 pesos para líneas móviles y 1.981 pesos para servicios fijos, ambos valores en pesos constantes de diciembre de 2025. Esta iniciativa, publicada para consulta pública hasta el 9 de febrero de 2026, surge de un análisis inicial realizado el 25 de julio de 2025 y un documento de soporte del 26 de diciembre de 2025, con el objetivo de regular prácticas que varían entre operadores y garantizar cobros basados en costos eficientes.
La propuesta responde al mandato de la Ley 2485 de 2025, que obliga a la CRC a regular estos cobros en un plazo de 12 meses desde su entrada en vigor, protegiendo así los derechos de los usuarios al excluir costos no indispensables como reparaciones o mantenimiento. Los ciudadanos y operadores pueden participar en la consulta pública enviando sus comentarios al correo reconexion@crcom.gov.co, mientras que el análisis se basa en datos de los años 2022, 2023 y el primer semestre de 2024 proporcionados por las empresas del sector.
Topes diferenciados por tipo de servicio y avances tecnológicos
La diferenciación en los topes para móviles y fijos se fundamenta en los costos operativos eficientes y las particularidades técnicas de cada servicio, definiendo la reconexión como el restablecimiento del acceso tras el pago de la deuda. Cabe destacar que más del 90% de los accesos fijos y de televisión por suscripción ya utilizan métodos de reconexión remota, lo que minimiza la necesidad de desplazamientos, aunque la norma reconoce costos proporcionales solo cuando resulten estrictamente necesarios. Esta medida se añade a la metodología de actualización tarifaria establecida en la Resolución CRC 5050 de 2016, identificando previamente diferencias en prácticas de cobro y cargos sin plena justificación.
La adopción definitiva de estos topes debe concretarse antes del 16 de julio de 2026, fortaleciendo la protección al consumidor en un mercado donde las suspensiones por mora son comunes, y promoviendo transparencia en los servicios de telecomunicaciones a lo largo del país.
