La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia presentó una propuesta para establecer topes máximos en los cobros por reconexión de servicios de telecomunicaciones suspendidos por falta de pago, fijando un límite de 275 pesos para líneas móviles y 1.981 pesos para servicios fijos, ambos en pesos constantes de diciembre de 2025. Esta iniciativa, publicada para consulta pública el 26 de diciembre de 2025 y abierta hasta el 9 de febrero de 2026, busca regular prácticas que varían entre operadores y garantizar que los cobros se ajusten a costos eficientes, protegiendo así los derechos de los usuarios en todo el país.
La propuesta surge de un análisis detallado de datos técnicos y operativos proporcionados por los operadores durante los años 2022, 2023 y el primer semestre de 2024, destacando que más del 90 por ciento de los accesos fijos y de televisión por suscripción utilizan reconexión remota, lo que optimiza el proceso de restablecimiento del servicio tras el pago de la deuda. Esta medida cumple con la Ley 2485 de 2025, que obliga a la CRC a emitir una regulación específica dentro de los 12 meses siguientes a su entrada en vigor, y se suma a la metodología ya establecida en la Resolución CRC 5050 de 2016, excluyendo cargos no indispensables como reparaciones o mantenimiento.
Antecedentes y diferencias en el sector
Un documento inicial de la CRC, emitido el 25 de julio de 2025, había identificado notables diferencias en las prácticas de cobro por reconexión entre los distintos operadores, lo que motivó esta diferenciación tarifaria específica para servicios móviles y fijos. La reconexión se define como el restablecimiento del acceso al servicio una vez saldada la deuda, y la propuesta busca uniformar estos costos para evitar abusos y promover la equidad en el mercado de telecomunicaciones.
Próximos pasos y participación ciudadana
Los interesados pueden enviar sus comentarios a la dirección electrónica reconexion@crcom.gov.co durante el período de consulta. La adopción definitiva de estas medidas debe ocurrir antes del 16 de julio de 2026, consolidando así un marco regulatorio más justo y transparente para los millones de usuarios de servicios de telecomunicaciones en Colombia.
