El expresidente Álvaro Uribe Vélez obtuvo una absolución en segunda instancia por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 21 de octubre de 2025, revocando así la condena en primera instancia impuesta por la jueza Sandra Liliana Heredia de Bogotá el 28 de julio de ese mismo año, en la que se le había sentenciado por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Este fallo se produce en el marco de una investigación por presunta manipulación de testigos iniciada a raíz de la denuncia que Uribe presentó en 2012 contra el senador Iván Cepeda, por señalamientos de vínculos con paramilitares. El proceso judicial, que incluyó un juicio oral con pruebas como interceptaciones telefónicas, grabaciones obtenidas mediante un reloj espía y testimonios de exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve, impactó profundamente la agenda política y jurídica de Colombia durante 2025.
En primera instancia, las pruebas validadas incluyeron las interceptaciones telefónicas y las grabaciones de Monsalve en la cárcel La Picota, pero la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá decidió absolver a Uribe al considerar la ausencia de dolo directo, errores en la apreciación probatoria y contradicciones en los testimonios de los exparamilitares. Cabe destacar que el abogado Diego Cadena, vinculado al expresidente, sí recibió una sentencia de siete años de prisión domiciliaria por presiones exertidas sobre Monsalve para que se retractara. El caso, que migró de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía tras la renuncia de Uribe al Senado, enfrentaba una prescripción prevista para octubre de 2025, justo cuando se emitió la absolución.
Prórroga para recursos ante la Corte Suprema
Recientemente, el 25 de noviembre de 2025, se anunció una prórroga hasta las 17:00 horas del 13 de enero de 2026, que permite a la Fiscalía y a las víctimas impugnar la absolución mediante un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Este desarrollo mantiene abierta la posibilidad de que el caso continúe su curso en instancias superiores, prolongando el debate sobre las actuaciones del expresidente en Bogotá, Colombia, donde se desarrolló todo el proceso judicial.
El fallo en segunda instancia no solo cierra un capítulo controvertido en la trayectoria judicial de Uribe Vélez, sino que reaviva discusiones sobre la manipulación de testigos y el peso de las pruebas en casos de alto perfil político, dejando un precedente significativo para el sistema de justicia colombiano en un año marcado por tensiones institucionales.
