El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado en primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal el 28 de julio de 2025 por la jueza Sandra Liliana Heredia, de conocimiento en Bogotá, en el marco de una investigación por la presunta manipulación del testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, en la denuncia que Uribe interpuso inicialmente contra el senador Iván Cepeda. Sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó esa sentencia el 21 de octubre de 2025, absolviendo a Uribe al considerar la ausencia de pruebas que demostraran dolo directo en su conducta, en un fallo que generó amplio debate en la agenda política y jurídica colombiana de ese año.
El caso, que tuvo su origen en 2012 cuando Uribe denunció a Cepeda por supuestamente vincularlo con el paramilismo, derivó en una investigación de la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos, la cual migró a la Fiscalía tras la renuncia de Uribe al Senado. Las pruebas aceptadas en primera instancia incluyeron interceptaciones telefónicas realizadas en la cárcel La Picota, grabaciones de un reloj espía cuyo análisis descartó manipulaciones, y testimonios de Monsalve, Cepeda y Deyanira Gómez. No obstante, la absolución en segunda instancia se basó en contradicciones en los relatos de los exparamilitares, omisiones en la verificación por parte de la Fiscalía y la aplicación incorrecta del concepto de dolo eventual.
Condena a Diego Cadena y prórroga para casación
En el mismo proceso, el abogado Diego Cadena, vinculado a la defensa de Uribe, recibió una sentencia de siete años de prisión domiciliaria, la cual fue apelada por Iván Cancino. El caso enfrentaba prescripción en octubre de 2025, pero el 25 de noviembre de ese año se concedió una prórroga a la Fiscalía y a los apoderados de las víctimas hasta las 17:00 del 13 de enero de 2026 para presentar recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, manteniendo abierta la posibilidad de revisión en instancias superiores.
Este fallo ha impactado profundamente la esfera pública colombiana, reavivando discusiones sobre la manipulación de testigos, la validez de pruebas técnicas como las grabaciones del reloj espía y el rol de figuras políticas en procesos judiciales de alto perfil, mientras la defensa de Cadena y las partes involucradas continúan sus estrategias legales en un contexto de polarización nacional.
