El presidente Gustavo Petro, junto con el ministro de Hacienda Germán Ávila y el resto del gabinete ministerial, declaró la emergencia económica en Colombia mediante el decreto 1390 del 22 de diciembre de 2024, anunciado inicialmente el 19 de ese mes. Esta medida busca cubrir un hueco de 16,3 billones de pesos en el presupuesto para 2026, tras el rechazo de la última reforma tributaria en el Congreso. El decreto, expedido bajo el artículo 215 de la Constitución, autoriza la emisión de Títulos de Tesorería (TES) por 23 billones de pesos, con tasas cercanas al 13 por ciento y plazos entre 2029 y 2040, que se venderán directamente a la gestora Pimco en una operación sin precedentes por su falta de transparencia y tasas superiores a las del mercado.
El déficit fiscal alcanzó el 6,7 por ciento del PIB en 2024 y se proyecta en 7,1 por ciento para 2025, agravado por los gastos derivados de la pandemia, políticas sociales expansivas, el fracaso de la reforma tributaria de 2023 y el adelanto de impuestos en 2024. El presupuesto inicial para 2026 era de 557 billones de pesos, pero se aprobó en 547,9 billones, lo que generó este desbalance. Además, se proponen tres nuevos impuestos: uno de patrimonio con umbral de 2.000 millones de pesos que espera recaudar 1,7 billones en 2026, la normalización de activos por 613.600 millones y una sobretasa a la renta del sector financiero que sube del 5 al 15 por ciento para obtener 1,2 billones.
Críticas y controversias en torno al decreto
La declaratoria ha generado fuertes críticas de exministros de Hacienda, constitucionalistas y la Contraloría General, quienes cuestionan la ausencia de un hecho sobreviniente que justifique la emergencia. El partido opositor Cambio Radical rechazó el decreto y propuso medidas de austeridad en lugar de más impuestos, mientras el ministro Ávila calificó de «trampa» la postura del Congreso. El rechazo acumulado de reformas tributarias por 12, 26 y 16,3 billones de pesos, junto con la eliminación de la restricción de la regla fiscal, ha precipitado esta situación.
«Se sabe, desde octubre, que los impuestos que se espera recaudar no van a alcanzar, junto con las demás fuentes de financiación para cubrir el Presupuesto General de la Nación. Es posible que el Gobierno nacional obtenga recursos adicionales en tanto la Corte analiza los decretos emitidos y declara su inexequibilidad. Pero las perspectivas de recaudo no parecen las mejores»
Jaime Vargas, socio de Impuestos en la firma Cuatrecasas
La revisión judicial del decreto se pospone hasta el 10 de enero de 2025 debido a la vacancia de la Corte Constitucional, y el próximo gobierno asumirá el 7 de agosto de 2026, en medio de un panorama fiscal incierto que pone en jaque la sostenibilidad de las finanzas públicas colombianas.
