El gobierno del presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica en Colombia mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2024, anunciado inicialmente el 19 de diciembre, con el fin de cubrir un hueco de 16,3 billones de pesos en el presupuesto para 2026, resultado del fracaso de las reformas tributarias que buscaban recaudar 12, 26 y finalmente 16,3 billones de pesos. Esta medida, impulsada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y respaldada por todos los ministros del gabinete, incluye la emisión directa de Títulos de Tesorería (TES) por 23 billones de pesos a la gestora estadounidense Pimco, con plazos entre 2029 y 2040 y tasas de interés cercanas al 13 por ciento, sin pasar por la subasta tradicional.
El decreto busca financiar el déficit fiscal mediante nuevos impuestos, como la reducción del umbral del impuesto al patrimonio de 3.600 millones a 2.000 millones de pesos, que generaría 1,7 billones; la reactivación de la normalización de activos por 613.600 millones; y el aumento de la sobretasa a la renta financiera del 5 al 15 por ciento, con una recaudación estimada de 1,2 billones. Estas acciones responden a un déficit fiscal del 6,7 por ciento del PIB en 2024 y proyectado en 7,1 por ciento para 2025, en un presupuesto inicial de 557 billones para 2026 que se aprobó en 547,9 billones.
Origen del desfinanciamiento y críticas generalizadas
El desequilibrio fiscal se atribuye a los elevados gastos derivados de la pandemia, políticas sociales expansivas, el fracaso de la reforma tributaria de 2023 y el adelanto de impuestos en 2024, junto con la eliminación de la restricción de la regla fiscal y el rechazo del Congreso a las sucesivas propuestas tributarias. Exministros, constitucionalistas, la Contraloría General y el partido Cambio Radical han criticado duramente la medida por la falta de austeridad, calificándola de irregular al eludir los controles tradicionales.
«trampa»
Germán Ávila, Ministro de Hacienda (refiriéndose a la postura legislativa)
«Se sabe, desde octubre, que los impuestos que se espera recaudar no van a alcanzar, junto con las demás fuentes de financiación para cubrir el Presupuesto General de la Nación. Es posible que el Gobierno nacional obtenga recursos adicionales en tanto la Corte analiza los decretos emitidos y declara su inexequibilidad. Pero las perspectivas de recaudo no parecen las mejores»
Jaime Vargas, socio de Impuestos en Cuatrecasas
La incertidumbre persiste ante la revisión de la Corte Constitucional, prevista hasta el 10 de enero de 2025, mientras el próximo gobierno asumirá el 7 de agosto de 2026 en medio de este panorama financiero tenso. Fuentes como el Banco de la República, la Presidencia de la República, Europa Press y la cuenta @PCambioRadial en X confirman estos detalles, destacando las implicaciones para la estabilidad económica del país.
