Norberto Parra García falleció en la madrugada del domingo 28 de diciembre de 2025 en la Unidad Transitoria de Personas Privadas de la Libertad de Manizales, Caldas, después de permanecer detenido durante un mes y medio por presuntos delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. El hombre, cuya salud se deterioró de manera repentina, fue trasladado a la Clínica La Presentación y luego a la Clínica Avidanti, donde finalmente perdió la vida, según reportes preliminares de las autoridades.
Allegados de la víctima denuncian negligencia en la atención médica, asegurando que Parra García había manifestado sentirse enfermo en días previos sin recibir la asistencia necesaria, e incluso le negaron el ingreso de alimentos en la unidad. Por su parte, la Policía de Manizales defiende su versión oficial, indicando que no existió ninguna solicitud previa de atención médica por parte del detenido antes del suceso. El hombre subió caminando a la ambulancia de los bomberos que lo atendió en el momento del colapso, lo que genera versiones encontradas sobre el manejo del caso.
Denuncias de irregularidades y respuesta oficial
Los familiares y allegados resaltan que, pese a las quejas reiteradas sobre el estado de salud de Parra García, las autoridades de la unidad no actuaron con prontitud, lo que habría contribuido al desenlace fatal. Esta situación ha encendido alarmas sobre el protocolo médico en centros de detención transitoria de la ciudad.
“no era el día para la entrega de estos”
Autoridades de la unidad, según allegados
La Policía Metropolitana de Manizales, por su lado, sostiene que no se registró petición formal de atención hasta el momento del deterioro agudo, y ha anunciado una investigación interna para esclarecer las causas del fallecimiento y posibles irregularidades en el manejo médico.
Contexto legal y responsabilidad estatal
Este caso se enmarca en un panorama donde el Consejo de Estado ha reiterado la responsabilidad de las autoridades por los daños causados a personas bajo su custodia, subrayando la obligación de garantizar atención médica oportuna en instalaciones carcelarias. Las autoridades locales de Manizales han confirmado que se abrirá una pesquisa exhaustiva para determinar si hubo fallas en los protocolos y evitar que incidentes similares se repitan en el futuro.
