Iris Marín, Defensora del Pueblo, respondió este fin de semana a la denuncia pública del Colegio de Abogados Penalistas sobre los retrasos en el pago de honorarios a defensores públicos en Colombia, atribuyendo la demora a la falta de recursos por parte del Ministerio de Hacienda, a cargo de Germán Ávila. A través de sus cuentas en la red social X (@DefensoriaCol y @MarnIris), Marín lamentó que no se hubiera podido cumplir con los pagos esperados antes de Navidad, explicando que se agotaron todas las posibilidades para obtener los fondos necesarios para más de 4.200 defensores y defensoras públicas, así como para el total de más de 5.160 contratistas y defensores involucrados.
El Colegio de Abogados Penalistas (@CPenalistas) había alertado previamente en redes sociales sobre este incumplimiento, destacando la gravedad del problema para el sistema de justicia colombiano, donde los defensores públicos garantizan el acceso a la defensa para personas vulnerables sin recursos económicos. Este inconveniente se enmarca en un problema recurrente de pagos tardíos e inadecuados, que obliga a los defensores a manejar un volumen excesivo de procesos judiciales, comprometiendo la calidad del servicio y el derecho fundamental a la defensa.
Presupuesto recortado y autonomía en entredicho
La Defensora del Pueblo detalló que, pese a haber realizado todos los procesos de planeación y actuaciones correspondientes, no se dispusieron los recursos para los pagos oportunos. El presupuesto para 2026, definido unilateralmente por el Ministerio de Hacienda y posteriormente reducido en el Congreso por condicionamientos políticos, resultó inferior al solicitado y al ejecutado en 2025. Aunque los recursos estaban comprometidos en contratos de prestación de servicios, las notificaciones de pago llegaron en diciembre sin los fondos disponibles, exacerbando la situación.
“Lamento que no haya sido posible hacer el pago antes de Navidad como lo esperábamos. Agotamos todas las posibilidades que estuvieron a nuestro alcance para lograr que el Ministerio de Hacienda pusiera los recursos para el pago de los honorarios de todos nuestros contratistas, incluyendo a más de 4.200 defensores y defensoras públicas”
Iris Marín, Defensora del Pueblo
Marín enfatizó la importancia de la Defensa Pública como pilar integral del sistema de justicia, que permite el acceso equitativo a la representación judicial para quienes no pueden costearla. Tanto institucional como personalmente, se comprometió a seguir insistiendo para lograr los pagos lo antes posible.
“No hay justicia posible cuando quienes la sostienen trabajan sin remuneración oportuna”
Colegio de Abogados Penalistas
“¿Hasta cuándo los defensores seguirán como la cenicienta del sistema?”
Colegio de Abogados Penalistas
En su respuesta, la Defensora del Pueblo cuestionó abiertamente la efectividad de la autonomía presupuestal constitucional de su entidad, preguntándose qué significa en la práctica ante estas limitaciones impuestas por el Ejecutivo y el Legislativo. Este episodio pone en evidencia las tensiones presupuestales que afectan directamente a los vulnerables del sistema penal colombiano, donde la mora en pagos no solo desmotiva a los profesionales, sino que socava el principio de igualdad ante la ley.
