Iris Marín, Defensora del Pueblo, respondió a la denuncia pública del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia por los retrasos en los pagos a defensores públicos, atribuyendo la situación a la falta de recursos del Ministerio de Hacienda, liderado por el ministro Germán Ávila, pese a haber agotado todas las posibilidades administrativas. La controversia surgió en mensajes compartidos en la red social X, destacando que los retrasos ocurrieron antes de Navidad y que el presupuesto para 2026 resulta inferior al solicitado y al de 2025, tras ser reducido en el Congreso por diversos condicionamientos.
El Colegio de Abogados Penalistas alertó sobre las dificultades económicas que enfrentan más de 5.160 contratistas y defensores públicos, incluyendo a más de 4.200 defensoras y defensores, quienes garantizan el derecho a la defensa en el sistema de justicia colombiano. Estos profesionales llevan más procesos judiciales de lo razonable, impulsados por su vocación, pero ahora trabajan sin remuneración oportuna debido a que los recursos ya estaban comprometidos en contratos de prestación de servicios. Iris Marín enfatizó que, a pesar de realizar todos los procesos de planeación correspondientes, no se obtuvieron los fondos necesarios del Ministerio de Hacienda, que definió unilateralmente el presupuesto para el próximo año.
La voz de la Defensoría ante la crisis presupuestal
En su aclaración, la Defensora del Pueblo lamentó no haber podido efectuar los pagos antes de las fiestas decembrinas y reiteró su compromiso institucional y personal para insistir en la liberación de los recursos lo antes posible. Subrayó que la Defensa Pública forma parte integral del sistema de justicia, permitiendo el acceso a la justicia para quienes no cuentan con medios para pagar representación judicial, y cuestionó la efectividad de la autonomía presupuestal constitucional de la entidad en este contexto.
“Lamento que no haya sido posible hacer el pago antes de Navidad como lo esperábamos. Agotamos todas las posibilidades que estuvieron a nuestro alcance para lograr que el Ministerio de Hacienda pusiera los recursos para el pago de los honorarios de todos nuestros contratistas, incluyendo a más de 4.200 defensores y defensoras públicas”
Iris Marín, Defensora del Pueblo
“No hay justicia posible cuando quienes la sostienen trabajan sin remuneración oportuna”
Colegio de Abogados Penalistas
El Colegio de Abogados Penalistas también expresó su frustración comparando a los defensores con «la cenicienta del sistema», mientras Marín insistió en que no se cuenta con los recursos para pagos oportunos pese a las gestiones realizadas. Esta situación afecta directamente el funcionamiento del sistema penal colombiano, al generar precariedad en quienes defienden los derechos fundamentales de los más vulnerables, y pone en evidencia las tensiones presupuestales que persisten en el país.
