Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el Centro Democrático, ha alertado sobre la zozobra que genera en los sectores empleadores de Colombia el posible aumento del 23% en el salario mínimo para 2026, según un borrador de decreto filtrado que circuló en redes sociales el 28 de diciembre de 2025. El decreto definitivo se espera para el 29 o 30 de diciembre, con implementación a partir del 1 de enero de 2026, y Cadavid lo denunció en su cuenta oficial de X, destacando el impacto en los costos laborales de las empresas.
El borrador propone elevar el salario mínimo actual de 1.423.500 pesos a 1.750.905 pesos, lo que representa un incremento de 327.405 pesos, amplificado por los auxilios de transporte, parafiscales y nuevos recargos laborales, lo que podría hacer insostenible el empleo para muchas compañías en todo el país.
Debate entre equilibrio laboral y empresarial
El documento filtrado basa el ajuste en el concepto de salario mínimo vital establecido en la Constitución y en la canasta básica, generando un intenso debate sobre la posible insostenibilidad del empleo y la necesidad de equilibrar las mejoras en los ingresos de los trabajadores con la viabilidad de las empresas. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ha defendido el decreto como una medida motivada y constitucional, mientras que el ministro del Interior, Armando Benedetti, mencionó una meta aproximada de 1.800.000 pesos, con un ajuste gradual respaldado en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y revisiones periódicas.
“Hay zozobra en sectores empleadores de Colombia por la posible alza de salario en un 23%. Ese monto + Auxilios de Transporte + parafiscales + nuevos recargo haría insostenible el empleo para muchos. URGE el equilibrio entre mejorar ingresos a trabajadores sin acabar la empresa”
Hernán Cadavid, representante a la Cámara
“Salario vital, ese concepto lo ponemos en el decreto, es lo que buscamos”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Esta controversia pone en el centro del debate nacional la tensión entre el avance en los derechos laborales y la preservación de la generación de empleo, en un contexto donde el gobierno busca constitucionalidad y gradualidad, pero enfrenta críticas por el riesgo de sobrecarga para el sector productivo.
