El representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, denunció el alto costo del arriendo anual de la nueva embajada de Colombia en Riad, Arabia Saudita, que asciende a 232.000 dólares, equivalentes a cerca de 1.000 millones de pesos colombianos, en medio de recortes presupuestales que dejarán sin pago decembrino a más de 5.160 contratistas y defensores públicos de la Defensoría del Pueblo para el año 2026. La sede diplomática, ubicada en la Villa Zona de Al Nuzha, fue seleccionada por el Comité de Bienes Inmuebles del Ministerio de Relaciones Exteriores mediante la Resolución 8251 del 31 de octubre de 2022, tras la retirada de una oferta original y la evaluación de dos alternativas propuestas por una inmobiliaria, con una decisión unánime después de visitas de inspección.
Los gastos asociados al arrendamiento incluyen 19.333 dólares mensuales, que representan unos 72 millones de pesos, además de 55.000 dólares en mobiliario, 43.050 dólares por IVA, 5.800 dólares de comisión inmobiliaria y 30.000 dólares en equipos tecnológicos, para un total inicial de 267.700 dólares. Esta información fue entregada por la Cancillería a Forero en respuesta a una solicitud de información bajo el derecho de petición. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo, dirigida por Iris Marín, enfrenta una reducción presupuestal para 2026 inferior a lo solicitado y aprobado en el año en curso, lo que genera incertidumbre en la prestación de servicios fundamentales y afecta directamente a miles de trabajadores.
Cuestionamientos a las prioridades del Gobierno Petro
La inauguración de esta sede diplomática ha sido defendida por el presidente Gustavo Petro como un símbolo de la transformación del país en el ámbito internacional, aunque la Cancillería sostiene que el procedimiento se ajustó estrictamente a la normativa vigente. Forero, sin embargo, pone en tela de juicio las prioridades del Gobierno en un contexto de declarada “emergencia económica”, destacando el contraste entre el lujo de la embajada y las dificultades presupuestales de entidades como la Defensoría.
“Mientras Gustavo Petro deja sin pago decembrino a los contratistas de la Defensoría del Pueblo, se gasta casi $1.000 M anuales en el arrendamiento de la lujosa y extravagante embajada en Arabia Saudita. Cuesta entender las prioridades del gobierno en medio de la “emergencia económica”.
Andrés Forero, representante a la Cámara del Centro Democrático
Los recortes en la Defensoría, notificados en diciembre para el próximo año, agravan la situación de contratistas que prestan servicios esenciales, mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores justifica la nueva embajada como una necesidad para fortalecer las relaciones bilaterales con Arabia Saudita. Esta denuncia resalta las tensiones presupuestales del Gobierno y abre el debate sobre la asignación de recursos en tiempos de austeridad.
