El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este 23 de diciembre que el gobierno definirá por decreto el salario mínimo legal vigente para 2026 bajo un nuevo modelo de salario mínimo vital, acercándolo a los 1.800.000 pesos, con el fin de garantizar condiciones de vida dignas para el trabajador y su familia. Esta medida, que beneficiará directamente a 2,2 millones de trabajadores, se concretará mediante un decreto presidencial entre el 29 y el 30 de diciembre, tras el vencimiento del plazo legal de concertación el pasado 15 de diciembre, cuando no se alcanzó un acuerdo entre empresarios, trabajadores y el Gobierno en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. La norma entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026 en todo el territorio nacional.
Este cambio representa un giro respecto al ajuste tradicional del salario mínimo, adoptando en su lugar el modelo vital respaldado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el artículo 53 de la Constitución Política, que establece remuneraciones mínimas, vitales y móviles, y la Ley 278 de 1996. El salario mínimo vital busca cubrir los gastos esenciales de la familia del trabajador, como alimentación, educación y salud, asegurando un nivel de vida adecuado que se revise periódicamente según la inflación y las condiciones regionales, promoviendo así la equidad en la distribución económica, la formalización laboral y el cumplimiento de derechos fundamentales.
El salario como derecho familiar
En este contexto, el Gobierno enfatiza que el salario no es un concepto individual, sino familiar, lo que se incorporará explícitamente en el decreto para reflejar la protección integral de los trabajadores y sus hogares, alineándose con los principios constitucionales y laborales que priorizan la dignidad humana en el empleo.
«el salario es familiar, no individual, y ese concepto va en el decreto»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Con esta decisión, el Gobierno de Gustavo Petro avanza en una política salarial que responde al fracaso de la concertación tripartita y busca corregir desigualdades históricas, fortaleciendo la economía popular y el bienestar social en un país donde millones dependen de estos ingresos para subsistir.
