Un documento filtrado este domingo 28 de diciembre de 2025 propone un aumento del 23 por ciento al salario mínimo para 2026, elevándolo de 1.423.500 pesos, vigente en 2025, a 1.750.905 pesos, lo que representa un incremento de 327.405 pesos. Esta propuesta, revelada en redes sociales y atribuida al Gobierno nacional, será anunciada oficialmente por el presidente Gustavo Petro este lunes 29 de diciembre a las 7:00 p.m. a través de una alocución en canales oficiales y televisión pública y privada. El borrador del decreto, expedido por el Ejecutivo e involucrando al ministro del Trabajo Antonio Sanguino, busca acercar gradualmente el salario mínimo al salario vital estimado, con entrada en vigor el 1 de enero de 2026 y planes de monitoreo periódico de variables económicas para ajustes futuros.
El salario mínimo de 2025 fue fijado previamente por el Gobierno en 1.423.500 pesos, y la filtración ha generado inmediatas reacciones en el sector empresarial y entre expertos como Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo; Juan Carlos Guataquí, exsubdirector del Dane; y Jorge Restrepo, economista de la Universidad Javeriana. Entre enero y octubre de 2025, el empleo creció un 3,5 por ciento con 790.000 ocupados adicionales, aunque la mayoría, unos 417.000, correspondieron a independientes que ganan menos de un salario mínimo por trabajar menos horas de las razonables. La remuneración efectiva actual, incluyendo subsidio de transporte, prima, cesantías e intereses, alcanza los 1.910.319 pesos. Otras alternativas consideradas en el documento incluyen aumentos del 12 por ciento a 1.593.760 pesos o del 16 por ciento a 1.651.180 pesos.
Expertos advierten sobre impactos en inflación e informalidad
La filtración ha desatado preocupación por posibles efectos en la economía colombiana, como inflación por encima del 5 por ciento durante cuatro meses consecutivos, mayor informalidad, desempleo y sustitución de mano de obra por tecnología, especialmente en sectores como la vigilancia donde se reemplazan personas por cámaras para evitar costos laborales elevados.
«Este año hemos tenido problemas en materia de inflación. Ya completamos cuatro meses consecutivos con inflaciones por encima del cinco por ciento (…) esa es la consecuencia natural, porque cuando a un comerciante se le aumenta su costo laboral en dos dígitos, pues no tiene otra alternativa sino trasladarle parte de ese aumento al consumidor final a través de mayores precios.»
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo
«(Si bien) entre enero y octubre ha aumentado el empleo en 3,5 por ciento, 790.000 ocupados adicionales (…) la gran mayoría de empleo ha sido independiente, 417.000 nuevos empleados (…) no son personas que estén ganando un salario mínimo, están ganando menos de un salario mínimo porque están trabajando horas por debajo de las que serían razonables en un mes.»
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo
Juan Carlos Guataquí cuestiona la sostenibilidad del ajuste, argumentando que un incremento del 23 por ciento podría llevar a despidos o mecanismos de informalidad inmediata entre los trabajadores asalariados.
«Pensemos, por ejemplo, en el sector de vigilancia. Se sustituyen personas por cámaras de videovigilancia para evitar aumentar los costos al usuario final (…) entre más grande sea el aumento, pues naturalmente mayores van a ser los impactos en inflación, en informalidad y en sustitución de trabajo por tecnología.»
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo
«La argumentación en las consideraciones del decreto sobre el hecho de que el salario mínimo incrementaría el poder adquisitivo, eso tiene un periodo intermedio. Por ejemplo, usted tiene dos trabajadores asalariados y al día siguiente les tiene que pagar 23 por ciento, usted probablemente va a despedir a uno o va a decirle a los dos que entre en algún mecanismo de informalidad. Entonces, ya sea informalidad, ya sea desempleo, va a haber una reconstrucción, una reconsideración, una reconfiguración del mercado laboral colombiano.»
Juan Carlos Guataquí, exsubdirector del Dane
«La decisión de aplicar un ajuste del 23% se fundamenta técnicamente en la comparación entre el salario vital estimado y el salario mínimo legal vigente, lo que permite justificar el porcentaje elegido como una medida razonada y alineada con la sostenibilidad fiscal. El esquema plantea que, tras el aumento inicial, se realizarán ajustes adicionales en los años siguientes para continuar cerrando la brecha salarial.»
Documento filtrado del decreto
El Gobierno defiende la medida como un paso razonado para elevar el poder adquisitivo y cerrar la brecha con el salario vital, aunque el debate se intensifica ante el anuncio inminente de Petro, que definirá el panorama laboral para el próximo año en Colombia.
