La Fiscalía General de la Nación capturó a nueve personas, entre ellas el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo de la Dijín, así como Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo del CTI, y los particulares Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres, exfuncionarios de Policía e Inpec. Estos individuos integraban una red de corrupción que manipulaba procesos judiciales, filtraba información reservada, eliminaba pruebas y obstruía investigaciones a cambio de sobornos que oscilaban entre 400 y 1.000 millones de pesos.
El operativo se desarrolló en Bogotá, Chiquinquirá en Boyacá, Pereira en Risaralda y Granada en Meta, con el anuncio realizado este viernes 29 de diciembre, aunque los hechos investigados ocurrieron en 2014, 2015, 2024 y 2025. La red operaba filtrando expedientes judiciales, suministrando memorias USB con documentos reservados, borrando información sensible, induciendo declaraciones falsas y exhibiendo datos para presionar a las víctimas, todo con el fin de favorecer a un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos por antecedentes penales internacionales y lazos con el narcotráfico, así como a sus familiares, evitando medidas cautelares, órdenes de captura y procesos de extinción de dominio sobre sus bienes.
Reuniones clave y métodos de presión
Según las investigaciones del Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía, algunos implicados se reunieron con los afectados en Bogotá y Villavicencio en Meta para mostrar información reservada sobre procedimientos pendientes y así intensificar los cobros ilícitos. Además, ocultaron bienes, intimidaron a víctimas, testigos y funcionarios, y destruyeron evidencia en casos principalmente relacionados con lavado de activos. Los capturados serán presentados ante un juez para imputarles cargos por concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.
“En los casos detectados algunos de los implicados se habrían reunido con los afectados en Bogotá y Villavicencio (Meta) y exhibido información reservada sobre procedimientos que se realizarían para ejercer presión e intensificar los cobros ilícitos”
Fiscalía General de la Nación
“Estas personas presuntamente aprovecharon los cargos que desempeñaron e hicieron exigencias económicas que oscilaban entre los 400 y 1.000 millones de pesos a un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos y a sus familiares para evitar la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre sus bienes, impedir que se ejecutaran órdenes de captura, entre otras acciones judiciales en su contra”
Fiscalía General de la Nación
Esta operación representa un golpe significativo contra la corrupción en instituciones policiales y judiciales, destacando la vulnerabilidad de los sistemas de información reservados y la necesidad de fortalecer los controles internos para prevenir este tipo de redes que socavan la administración de justicia en el país.
