La Fiscalía General de la Nación capturó a nueve personas, entre ellas funcionarios activos de la Dijín y el CTI, por conformar una red de corrupción que manipulaba procesos judiciales y comerciaba información reservada a cambio de sobornos que oscilaban entre 400 y 1.000 millones de pesos. Entre los detenidos figuran el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, así como el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo, todos de la Dijín; además de Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo, del CTI; y los particulares Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres, exfuncionarios de Policía e Inpec. El anuncio se realizó este viernes 29 de diciembre, tras una investigación del Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía.
Las capturas se llevaron a cabo en Bogotá, Chiquinquirá en Boyacá, Pereira en Risaralda y Granada en Meta, mientras que las reuniones clave para presionar a las víctimas ocurrieron en Bogotá y Villavicencio en Meta. Los implicados manipulaban procesos judiciales filtrando expedientes completos, suministrando memorias USB con documentos reservados, eliminando pruebas, obstaculizando investigaciones, borrando información, ocultando bienes e induciendo declaraciones falsas. Todo ello para favorecer a investigados con antecedentes penales en Estados Unidos o presuntos lazos con el narcotráfico, principalmente en casos de lavado de activos, evitando así medidas cautelares, órdenes de captura y procesos de extinción de dominio.
Modus operandi de la red criminal
La red operaba mediante reuniones con los afectados, donde exhibían información reservada sobre procedimientos judiciales inminentes para ejercer presión e intensificar los cobros ilícitos, incluyendo intimidación a víctimas, testigos y funcionarios, destrucción de evidencia y represalias como declaraciones falsas contra familiares. Los hechos se remontan a 2014 y 2015, con actividades recientes en 2024 y 2025, aprovechando los cargos públicos para exigir sumas millonarias a un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos y a sus familiares.
«En los casos detectados algunos de los implicados se habrían reunido con los afectados en Bogotá y Villavicencio (Meta) y exhibido información reservada sobre procedimientos que se realizarían para ejercer presión e intensificar los cobros ilícitos».
Fiscalía General de la Nación, ente acusador
«Estas personas presuntamente aprovecharon los cargos que desempeñaron e hicieron exigencias económicas que oscilaban entre los 400 y 1.000 millones de pesos a un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos y a sus familiares para evitar la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre sus bienes, impedir que se ejecutaran órdenes de captura, entre otras acciones judiciales en su contra».
Fiscalía General de la Nación, ente acusador
Los capturados serán presentados ante jueces de control de garantías para imputarles cargos por concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario. Esta operación evidencia la profundidad de la corrupción infiltrada en instituciones clave de seguridad y justicia, subrayando la necesidad de mayor vigilancia interna para proteger la integridad de los procesos penales en el país.
