La Fiscalía General de la Nación capturó a nueve personas, entre ellas funcionarios activos y exfuncionarios de la Dijín y el CTI, acusados de integrar una red de corrupción que manipulaba procesos judiciales a cambio de sobornos que oscilaban entre 400 y 1.000 millones de pesos. Entre los detenidos figuran el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, así como el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo, todos de la Dijín; además de Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo, del CTI; y los particulares o exfuncionarios de Policía e Inpec, Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres. Las capturas se realizaron en Bogotá, Chiquinquirá en Boyacá, Pereira en Risaralda y Granada en Meta, tras un anuncio que se prevé para mañana del 29 de diciembre, relacionado con hechos ocurridos en 2014, 2015, 2024 y 2025.
Esta red delictiva filtraba expedientes judiciales, suministraba memorias USB con documentos reservados, eliminaba pruebas, ocultaba bienes, inducía declaraciones falsas y exhibía información confidencial para presionar pagos, todo con el fin de favorecer a investigados con antecedentes penales internacionales o lazos con el narcotráfico, especialmente en casos de lavado de activos. Las reuniones clave se llevaron a cabo en Bogotá y Villavicencio en Meta, donde los implicados obstaculizaron investigaciones al intimidar víctimas, testigos y funcionarios, e incluso generaron declaraciones falsas contra familiares de los investigados como represalia por no pagar los sobornos exigidos a un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos y a sus parientes, evitando medidas cautelares, órdenes de captura y extinciones de dominio.
Detalles de la operación y declaraciones oficiales
El Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía lideró la investigación que documentó estas prácticas, las cuales afectaron principalmente procesos de extinción de dominio y obstruyeron acciones judiciales clave. Los capturados serán presentados ante jueces de control de garantías para imputarles cargos por concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.
«En los casos detectados algunos de los implicados se habrían reunido con los afectados en Bogotá y Villavicencio (Meta) y exhibido información reservada sobre procedimientos que se realizarían para ejercer presión e intensificar los cobros ilícitos».
Fiscalía General de la Nación
«Estas personas presuntamente aprovecharon los cargos que desempeñaron e hicieron exigencias económicas que oscilaban entre los 400 y 1.000 millones de pesos a un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos y a sus familiares para evitar la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre sus bienes, impedir que se ejecutaran órdenes de captura, entre otras acciones judiciales en su contra».
Fiscalía General de la Nación
Este golpe a la corrupción dentro de instituciones policiales y judiciales resalta la vulnerabilidad de los sistemas de justicia frente a redes internas que priorizan el lucro ilícito, dejando en evidencia la necesidad de mayor vigilancia y depuración en entidades como la Dijín, el CTI y la Policía Nacional, especialmente en regiones como Risaralda donde se registró una de las capturas.
