La Registraduría Nacional del Estado Civil, bajo la dirección de Hernán Penagos como Registrador Nacional, canceló durante 2025 un total de 119 cédulas de ciudadanía expedidas a extranjeros por casos de falsa identidad y suplantación, en un esfuerzo coordinado con entidades como Migración Colombia, la Cancillería, la Dijín de la Policía Nacional, Interpol y la Fiscalía General de la Nación. Esta acción también invalidó 287 registros civiles de nacimiento por irregularidades comprobadas en los trámites, frustrando además 86 intentos de suplantación de identidad mediante controles avanzados de biometría dactilar y facial.
Estas medidas se tomaron en todo el territorio colombiano para combatir la falsedad documental y el desmantelamiento de redes dedicadas a la falsificación y al tráfico de migrantes, donde la mayoría de las cédulas anuladas correspondían a ciudadanos dominicanos que buscaban obtener pasaportes para salir del país o cometer delitos. Los casos involucraron suplantación de identidad, falsedad en documentos públicos y fraudes procesales, con los procedimientos puestos en conocimiento de la Fiscalía para acciones contra estructuras criminales.
Advertencia a colombianos involucrados en irregularidades
En este contexto, se identificó que ciudadanos colombianos se prestaron para testificar en inscripciones falsas de registros civiles de nacimiento de extranjeros, haciéndolos pasar como nacionales, lo que ha derivado en penalizaciones para estos testigos por cometer delitos graves. Las investigaciones continúan, y las cancelaciones se basaron en irregularidades detectadas en los procesos de obtención de documentos.
“Ciudadanos colombianos se han prestado para testificar en la inscripción de registros civiles de nacimiento de ciudadanos extranjeros, haciéndolos pasar como colombianos. Es importante decirles con claridad que están cometiendo un delito que puede llevarlos a la cárcel”
Hernán Penagos, Registrador Nacional
Las implicaciones legales en Colombia son estrictas, contemplando sanciones por el Código Penal como hasta nueve años de prisión por falsedad en documento público según el artículo 287, y más de ocho años por fraude procesal bajo el artículo 453, además de penas por suplantación de identidad, todo ello en el marco de la lucha contra la obtención fraudulenta de documentos de identidad que afecta la seguridad nacional.
