En el municipio de Sabanalarga, en el departamento del Atlántico, la administración local opera en condiciones precarias tras la clausura del Palacio Municipal ubicada en la calle 21 No. 18-46, decretada a finales de septiembre por fallas estructurales y sanitarias graves que representan un riesgo inminente para los trabajadores. Esta situación se agrava con la suspensión provisional del alcalde José Elías Chams, ordenada por la Contraloría Departamental del Atlántico para blindar una investigación fiscal en curso, mientras el mandatario había iniciado vacaciones el 19 de diciembre y atendía despachos desde su vivienda.
La clausura fue impulsada por denuncias presentadas por los sindicatos Sinserpalsa, Sintraimtdescol y Sintramusa ante el Ministerio del Trabajo, con verificación y apoyo de la Gobernación del Atlántico y la ARL Sura, que identificaron condiciones insalubres y peligrosas como excrementos de palomas, murciélagos y roedores, humedad extrema con goteras constantes, instalaciones eléctricas dañadas, baños colapsados, ausencia de extintores y detectores de humo, además de archivos y bodegas inseguros, afectando la salud de los empleados. Las oficinas municipales fueron reubicadas de manera provisional en dos casas arrendadas y un colegio, sin infraestructura adecuada y sin la presencia de la máxima autoridad en funciones.
Investigación fiscal por irregularidades en obras millonarias
La suspensión de José Elías Chams, con una vigencia máxima de tres meses, responde a presuntas irregularidades fiscales en proyectos por más de 4.200 millones de pesos, incluyendo obras de alcantarillado y saneamiento en el barrio Evaristo Sourdis y otras zonas del municipio. Rachid Náder, secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico, ha señalado dudas legales sobre la inmediatez de la medida y el encargo administrativo, facultando al gobernador del Atlántico para nombrar un alcalde encargado que asuma el control en medio de esta dispersión operativa.
Esta crisis administrativa deja a Sabanalarga sin sede central ni liderazgo estable, exponiendo vulnerabilidades en la gestión pública que demandan una intervención rápida para garantizar la continuidad de los servicios y la protección de los derechos laborales, mientras la investigación fiscal avanza en busca de responsabilidades por las deficiencias y las presuntas irregularidades en el manejo de recursos.
