El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) adjudicó contratos para el servicio de vigilancia y seguridad privada en las macroregiones 1, 2, 3, 4 y 5 de Colombia mediante una puja simbólica de un solo dólar en la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), lo que ha desatado denuncias de irregularidades por no haber recurrido a una licitación pública como exige la normativa. La comisionista Comiagro se quedó con las macroregiones 1, 2 y 4, mientras que otra entidad asumió las 3 y 5, en un proceso que evitó la evaluación de propuestas técnicas o precios, generando cuestionamientos sobre transparencia en la protección de niños, niñas y adolescentes, labor principal del Icbf.
En la operación, participaron 95 empresas de vigilancia, tanto individuales como en uniones temporales, de las cuales 41 radicaron los documentos requeridos, e incluso en la región con menos participantes se registraron más de 14 oferentes. La BMC, que filtró a las empresas por requisitos técnicos, defendió el mecanismo al destacar su diseño para compras públicas de bienes y servicios uniformes, donde el precio está regulado por ley y no se modifica en la subasta, permitiendo solo ofertas adicionales en medios tecnológicos por un dólar simbólico. Comiagro, enfocada en soluciones financieras para el sector agropecuario e agroindustrial, fue una de las beneficiadas en este controvertido proceso.
Voces desde la Bolsa Mercantil
María Inés Agudelo Valencia, presidenta de la BMC, explicó el propósito del sistema al afirmar que está diseñado para que entidades públicas de cualquier nivel, desde el central hasta territoriales como alcaldías y gobernaciones, realicen compras de bienes o servicios de características técnicas uniformes.
“diseñado para que las entidades públicas de cualquier nivel, del nivel central, del nivel territorial, de alcaldías, gobernaciones, secretarías, puedan ir a hacer sus compras, de bienes o servicios de características técnicas uniformes”
María Inés Agudelo Valencia, presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia
Agudelo también resaltó la anonimidad en la rueda de negociación, donde el comprador público no sabe quién vende, pero el vendedor sí identifica al adquirente, y enfatizó que no permiten direccionamiento, frenando cualquier requisito irregular de inmediato.
“Lo más importante que hace la bolsa es que llegamos a la rueda en donde el comprador, o sea, la entidad pública, no sabe quién le está vendiendo, pero el vendedor sí sabe a quién le va a comprar”
María Inés Agudelo Valencia, presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia
“Nosotros no permitimos direccionamiento… si hay algún requisito raro, lo frenamos en seco”
María Inés Agudelo Valencia, presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia
Lina María Hernández, vicepresidenta de Operaciones de la BMC, detalló la participación masiva y subrayó la competencia real en todas las regiones.
“En esta operación, particularmente, tuvimos 95 empresas de vigilancia, individuales y en uniones temporales, y básicamente, 41 radicaron documentos”
Lina María Hernández, vicepresidenta de Operaciones de la BMC
“En realidad, sí hay competencia, porque se presentaron más de 14 empresas en la región con menos participantes”
Lina María Hernández, vicepresidenta de Operaciones de la BMC
Críticas por contravención normativa
Las denuncias se intensifican porque la normativa colombiana, respaldada por Colombia Compra Eficiente, la sentencia C-231 de 2025 de la Corte Constitucional y la sentencia 17805 de 2020 del Consejo de Estado, exige licitación pública para contratos de vigilancia con tarifas reguladas, cuestionando la transparencia del proceso y avivando críticas de sectores de contratación y sociedad civil ante una posible contravención que pone en riesgo la protección infantil a cargo del Icbf.
