El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó un aumento del 23% al salario mínimo para el año 2026, elevándolo a dos millones de pesos mensuales, en una decisión unilateral que ha desatado fuertes críticas por parte de los líderes gremiales del país. Esta medida, anunciada tras el fracaso de la mesa de concertación tradicional, ha sido cuestionada por figuras como Jaime Cabal, presidente de Fenalco, y Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quienes la califican de populista y perjudicial para el sector productivo.
La determinación presidencial, considerada el incremento más alto de la historia reciente del país, genera preocupación entre los gremios por su carácter anticipado y sin consenso, rompiendo con el diálogo habitual en la negociación salarial. Los representantes empresariales argumentan que esta acción ignora la sostenibilidad económica y carga desproporcionadamente a los más vulnerables.
Reacciones gremiales en contra de la «farsa» de concertación
Jaime Cabal, presidente de Fenalco, no escatimó en palabras para expresar su rechazo, describiendo la mesa de concertación como «una farsa y una burla institucional para el sector productivo del país». Por su parte, Bruce Mac Master, de la Andi, advirtió sobre los riesgos de estas políticas, señalando que «las decisiones populistas se caracterizan por generar en algunos grupos de la población gran aprobación, cuando en realidad se trata de decisiones insostenibles, o inconvenientes desde el punto de vista del beneficio de toda la sociedad». Agregó que «hay medidas populistas que buscan perpetuar partidos o personas en el poder, que pagan siempre los más vulnerables».
«La mesa fue una farsa y una burla institucional para el sector productivo del país»
Jaime Cabal, presidente de Fenalco
«las decisiones populistas se caracterizan por generar en algunos grupos de la población gran aprobación, cuando en realidad se trata de decisiones insostenibles, o inconvenientes desde el punto de vista del beneficio de toda la sociedad»
Bruce Mac Master, presidente de la Andi
Esta controversia pone en evidencia las tensiones entre el Gobierno y el sector privado en Colombia, donde el decreto para 2026 podría impactar la competitividad y el empleo, según los críticos, en un contexto de desafíos económicos persistentes.
