El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó un aumento del 23 por ciento al salario mínimo para 2026, elevándolo a dos millones de pesos mensuales, una medida que busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores pero que ha desatado fuertes críticas de los gremios empresariales por su carácter unilateral y la ausencia de concertación tripartita, repitiendo el mecanismo utilizado en 2025 tras el fracaso de las negociaciones.
La decisión presidencial, anunciada en medio de un contexto de emergencia económica decretada por el Gobierno, ignora las propuestas de ajuste salarial que las empresas habían planeado en un 6,2 por ciento según una encuesta de la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) a 150 organizaciones, y eleva el costo total por trabajador para los empleadores por encima de los tres millones de pesos, de acuerdo con proyecciones de Fenalco. Esta alza, que Acrip califica en un 23,7 por ciento, supera la inflación proyectada y genera preocupaciones sobre su impacto en el empleo formal, la informalidad, la competitividad y los servicios indexados al salario mínimo.
Rechazo unánime del sector privado
Jaime Cabal, presidente de Fenalco, calificó la medida como una «farsa y burla institucional para el sector productivo del país», describiéndola como «anticipada, unilateral y abiertamente populista». Agregó que «lo que se presentó en Colombia no fue un acuerdo tripartito, sino una puesta en escena, en la cual desde el inicio se sabía que no se tendrían en cuenta las variables técnicas, económicas ni de productividad, y que la decisión ya estaba tomada». Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, la tildó de «uno de los mayores actos de populismo de la historia de Colombia».
«El incremento del 23,7% está por encima de la realidad financiera y productiva de las empresas, e incluso de la inflación proyectada»
Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip)
Impacto en servicios esenciales como el transporte público
Andrés Santamaría, presidente de Asocapitales, advirtió sobre los efectos inmediatos en el transporte público, donde el incremento implicaría alrededor de 200 pesos adicionales por pasaje, agravando desequilibrios financieros en ciudades como Cali con el déficit del MIO, Medellín con los buses alimentadores, Bogotá mediante el Fondo de Estabilización Tarifaria y Cartagena por su desequilibrio general.
«Un incremento del 23% en el salario mínimo tiene un efecto inmediato en los costos del transporte público. En términos prácticos, estamos hablando de alrededor de $200 adicionales por pasaje»
Andrés Santamaría, presidente de Asocapitales
En este escenario, Credicorp Capital, a través de su managing director de Research, Daniel Valencia, actualiza sus proyecciones económicas para 2026, considerando los riesgos de inflación y pérdida de competitividad que podrían derivarse de esta política sin base técnica ni consenso, en un proceso de concertación que, al igual que en 2025, no llegó a buen término.
