El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) adjudicó contratos para el servicio de vigilancia y seguridad privada en las macroregiones 1, 2, 3, 4 y 5 de Colombia mediante una puja simbólica de un solo dólar en la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), lo que ha desatado denuncias por posibles irregularidades en el proceso de contratación con recursos públicos. Las empresas comisionistas seleccionadas fueron Comiagro para las macroregiones 1, 2 y 4, y otra entidad para las 3 y 5, en un mecanismo que evitó la licitación pública tradicional y generó cuestionamientos sobre la falta de competencia genuina.
En esta operación, participaron 95 empresas de vigilancia, tanto individuales como en uniones temporales, de las cuales 41 radicaron los documentos necesarios, incluyendo más de 14 en la región con menor número de participantes, según detallaron representantes de la BMC. El proceso se realizó sin una subasta de precios, dado que las tarifas para estos servicios están reguladas por ley, permitiendo ofertas adicionales como medios tecnológicos también por un dólar simbólico.
Defensa del mecanismo de la Bolsa Mercantil
María Inés Agudelo Valencia, presidenta de la BMC, y Lina María Hernández, vicepresidenta de Operaciones, defendieron la transparencia del sistema, destacando que está diseñado para que entidades públicas de cualquier nivel, desde el central hasta territoriales como alcaldías y gobernaciones, realicen compras de bienes o servicios uniformes. La BMC filtra previamente a las empresas por requisitos técnicos, asegurando que no haya direccionamiento, y en la rueda de negociación el comprador ignora la identidad del vendedor, pero este sí conoce al adquirente.
“diseñado para que las entidades públicas de cualquier nivel, del nivel central, del nivel territorial, de alcaldías, gobernaciones, secretarías, puedan ir a hacer sus compras, de bienes o servicios de características técnicas uniformes”
María Inés Agudelo Valencia, presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia
“Lo más importante que hace la bolsa es que llegamos a la rueda en donde el comprador, o sea, la entidad pública, no sabe quién le está vendiendo, pero el vendedor sí sabe a quién le va a comprar”
María Inés Agudelo Valencia, presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia
“En esta operación, particularmente, tuvimos 95 empresas de vigilancia, individuales y en uniones temporales, y básicamente, 41 radicaron documentos”
Lina María Hernández, vicepresidenta de Operaciones de la BMC
“En realidad, sí hay competencia, porque se presentaron más de 14 empresas en la región con menos participantes”
Lina María Hernández, vicepresidenta de Operaciones de la BMC
“Nosotros no permitimos direccionamiento… si hay algún requisito raro, lo frenamos en seco”
María Inés Agudelo Valencia, presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia
La controversia surge ahora por una denuncia pública que cuestiona la transparencia del proceso en la BMC, en un contexto normativo donde Colombia Compra Eficiente (CCE), la sentencia C-231 de 2025 de la Corte Constitucional y la sentencia 17805 de 2020 del Consejo de Estado exigen licitación pública para servicios de vigilancia con tarifas reguladas. Comiagro, la comisionista adjudicada para varias macroregiones y enfocada en soluciones financieras para el sector agropecuario e agroindustrial, ha sido señalada en medio de dudas sobre la idoneidad del mecanismo. Sectores especializados y la sociedad civil expresan preocupación por la seguridad de niños y adolescentes bajo la tutela del ICBF, alertando sobre posibles riesgos en la contratación.
