El gobierno del presidente Gustavo Petro decretó un aumento del 23 por ciento al salario mínimo para 2026, fijándolo en dos millones de pesos mensuales, una medida que busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos pero que ha desatado fuertes críticas de los gremios empresariales por la falta de concertación tripartita. La decisión, tomada por decreto presidencial tras el fracaso de las mesas de diálogo entre gobierno, trabajadores y empresarios, repite el mecanismo utilizado el año anterior para 2025 y coincide con la declarada emergencia económica en el país.
Según proyecciones de Fenalco, el costo total por trabajador para los empleadores superará los tres millones de pesos mensuales, mientras que una encuesta de la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) a más de 150 organizaciones revela que las empresas habían planeado un ajuste salarial promedio del 6,2 por ciento. Acrip califica el incremento del 23,7 por ciento como superior a la realidad financiera y productiva de las compañías, y advierte sobre riesgos como la pérdida de empleo formal, mayor inflación, aumento de la informalidad y el encarecimiento de servicios indexados al salario mínimo.
Rechazo unánime de los sectores productivos
Jaime Cabal, presidente de Fenalco, tildó la decisión de «farsa y burla institucional para el sector productivo del país», añadiendo que «lo que se presentó en Colombia no fue un acuerdo tripartito, sino una puesta en escena, en la cual desde el inicio se sabía que no se tendrían en cuenta las variables técnicas, económicas ni de productividad, y que la decisión ya estaba tomada». Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, la catalogó como «uno de los mayores actos de populismo de la historia de Colombia».
«Un incremento del 23% en el salario mínimo tiene un efecto inmediato en los costos del transporte público. En términos prácticos, estamos hablando de alrededor de $200 adicionales por pasaje»
Andrés Santamaría, presidente de Asocapitales
El impacto en el transporte público será notable en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, donde los sistemas masivos verán elevados sus costos operativos. Asocapitales y Acrip urgen evitar la indexación automática de tarifas y servicios al salario mínimo, mientras Credicorp Capital ya ajusta sus proyecciones económicas para 2026 ante estos anuncios.
Las críticas subrayan la ausencia de base técnica y consenso en una medida que, según los empresarios, podría agravar la precariedad laboral en un contexto de emergencia económica. Fuentes como Fenalco, Andi, Asocapitales, Acrip y Credicorp Capital coinciden en que el decreto impone cargas desproporcionadas al sector privado sin considerar la productividad ni la sostenibilidad financiera de las empresas.
