El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó un aumento del 23 por ciento al salario mínimo para 2026, fijándolo en dos millones de pesos mensuales, una medida que busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores pero que ha desatado fuertes críticas de los gremios empresariales por su carácter unilateral y la falta de concertación tripartita. Esta decisión, similar al mecanismo utilizado en 2025, se tomó tras el fracaso de las mesas de diálogo entre gobierno, sindicatos y empresarios, en un contexto de emergencia económica declarada por el Ejecutivo.
El anuncio presidencial repite el esquema de decreto directo, ignorando las propuestas de ajuste salarial que las empresas habían planeado en un 6,2 por ciento según una encuesta de la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) realizada a más de 150 organizaciones. Para los empleadores, el costo total por trabajador superará los tres millones de pesos mensuales, de acuerdo con proyecciones de Fenalco, lo que genera preocupación por sus impactos en la economía nacional, incluyendo posibles alzas en la inflación, el desempleo formal y la informalidad laboral.
Reacciones airadas del sector privado
Jaime Cabal, presidente de Fenalco, calificó la medida como una «farsa y burla institucional para el sector productivo del país», describiéndola como «anticipada, unilateral y abiertamente populista». Agregó que «lo que se presentó en Colombia no fue un acuerdo tripartito, sino una puesta en escena, en la cual desde el inicio se sabía que no se tendrían en cuenta las variables técnicas, económicas ni de productividad, y que la decisión ya estaba tomada».
«uno de los mayores actos de populismo de la historia de Colombia»
Bruce Mac Master, presidente de la Andi
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, la tildó de «uno de los mayores actos de populismo de la historia de Colombia», alertando sobre efectos en la inflación y la capacidad de compra de los hogares más pobres. Por su parte, Andrés Santamaría, presidente de Asocapitales, advirtió que «un incremento del 23 por ciento en el salario mínimo tiene un efecto inmediato en los costos del transporte público. En términos prácticos, estamos hablando de alrededor de 200 pesos adicionales por pasaje, que se suman a los incrementos ya previstos», lo que presionaría las tarifas en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, pese a los esfuerzos fiscales de las administraciones locales.
«El incremento del 23,7 por ciento está por encima de la realidad financiera y productiva de las empresas, e incluso de la inflación proyectada»
Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip)
Acrip enfatizó que el alza del 23,7 por ciento excede la capacidad de las compañías y exhortó a no indexar otros gastos básicos al salario mínimo, mientras Fenalco resaltó riesgos en sectores con tarifas reguladas como servicios públicos. Asocapitales y la Andi coincidieron en los perjuicios para las mipymes y el transporte urbano, y Daniel Valencia, managing director de Research de Credicorp Capital, indicó que la firma ajustará sus proyecciones económicas para 2026 ante estos cambios. Fuentes como MinTrabajo, Metro de Medellín y cuentas oficiales en X de los gremios respaldan el debate en curso sobre los equilibrios entre equidad social y sostenibilidad económica en Colombia.
