El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, anunció el 29 de diciembre, en una alocución presidencial emitida dos días antes del fin de año, un aumento del 23,7% en el salario mínimo para 2026, elevándolo por decreto a dos millones de pesos mensuales incluyendo el auxilio de transporte. Esta medida busca mejorar el ingreso real de las familias trabajadoras para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud, con un salario vital de 1.750.905 pesos y un subsidio de transporte de 249.095 pesos. Sin embargo, el anuncio ha desatado fuertes críticas de la oposición, que lo comparan con las políticas de Hugo Chávez en Venezuela, donde se impulsó un incremento del 30% en el salario mínimo.
El gobierno destaca que el objetivo es fortalecer la calidad de vida de las familias vulnerables, aunque ignora las alertas de empresarios y expertos sobre posibles impactos negativos en la economía. Las reacciones opositoras, difundidas principalmente a través de cuentas en la red social X, provienen de figuras como el senador Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical y el partido Cambio Radical, que cuestionan la viabilidad de la medida en un contexto de inflación persistente, desempleo y crecimiento económico mediocre, especialmente de cara a las elecciones de 2026.
Oposición denuncia «petrochavismo» y riesgos económicos
Las críticas se centran en los riesgos de inflación, mayor desempleo, cierre de empresas y aumento de la informalidad, equiparando la decisión presidencial con el «populismo salarial» de líderes como Chávez, Evo Morales y Rafael Correa. Políticos de diversos partidos han calificado la medida como irresponsable y desmedida, argumentando que afectará precisamente a los trabajadores que pretende beneficiar.
“El aumento irresponsable del 23% del salario mínimo decretado por Petro debe ser asumido por los políticos. El próximo gobierno debe generar un histórico recorte burocrático y acabar el derroche para darle paso a una gran reducción de impuestos a las empresas que compense el alza”
Daniel Briceño, concejal del Centro Democrático
“Bienvenidos al chavismo colombiano! Populismo e irresponsabilidad en toda su expresión!”
Katherine Miranda, representante a la Cámara del Partido Verde
“PETROCHAVISMO (sic)”
Katherine Miranda, representante a la Cámara del Partido Verde
“El Gobierno de @PetroGustavo decide, por decreto, nuevamente el salario mínimo, aumentándolo en 23% ignorando las alertas de empresarios y expertos. Un aumento desbordado puede sonar socialmente atractivo, pero termina afectando a quienes dice defender: los trabajadores que perderán oportunidades de ingresos formales. El aumento es puro populismo salarial”
Christian Munir Garcés, representante del Centro Democrático
“Ahora bien. El salario mínimo… decreto su incremento en un 30%” @petrogustavo es Chávez y es pan para hoy y hambre para mañana. Los venezolanos pueden dar testimonio (sic)”
Andrés Forero, representante del Centro Democrático
“Petro anuncia un salario mínimo de $2 millones para 2026 con un aumento del 23,7%, mientras la inflación y el desempleo siguen siendo la realidad de millones de colombianos”. “Esto ya lo vivimos con Chávez: aumentos nominales que destruyen el poder adquisitivo, cierran empresas y empujan a la informalidad. Populismo que nos saldrá muy caro”
María Fernanda Cabal, senadora
“Aumentar el salario mínimo de manera desmedida, con un crecimiento mediocre de la economía, es un acto de irresponsabilidad que conducirá a la pérdida de puestos de trabajo formales, quebrará miles de empresas y causará efectos inflacionarios. Es la partitura de Chávez, Evo, Correa, etc.; se llaman ‘progresistas’, pero son pobresistas porque espantan la inversión, destruyen a los generadores de empleo y llenan la sociedad de trabajadores informales”
Iván Duque, expresidente
El debate político se intensifica ante el panorama electoral del próximo año, donde esta decisión por decreto podría polarizar aún más las posturas entre el oficialismo, que defiende su enfoque social, y la oposición, que advierte sobre un camino hacia el «chavismo colombiano» con consecuencias económicas graves para el país.
