La Contraloría General de Antioquia ha formulado cargos por presunto detrimento patrimonial contra el actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en relación con irregularidades detectadas en un proyecto de ciclorrutas del Oriente antioqueño ejecutado durante su gestión como alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019. La decisión, tomada a pocos días de la salida de la contralora departamental, también implica a Rodrigo Hernández, gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, exgerentes de Indeportes Antioquia, siete exfuncionarios de esa entidad, las empresas Ingecon e IDC, así como a una aseguradora internacional, por fallas en la planeación, etapa precontractual y ejecución de las obras que no se finalizaron pese a importantes desembolsos.
El proyecto, promovido por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) con una inversión cercana a los 25.000 millones de pesos, buscaba conectar municipios como Rionegro y Marinilla mediante una red de ciclorrutas. Sin embargo, un contrato interadministrativo entre la Empresa de Vivienda de Antioquia e Indeportes Antioquia, por valor de 34.458 millones de pesos, presentó debilidades que derivaron en el desembolso de 26.186 millones de pesos a las constructoras Ingecon e IDC sin que las obras se completaran, según un análisis técnico que identificó serias irregularidades hace más de cinco años, alertadas inicialmente por veedurías ciudadanas.
Reacciones y contexto político
Estas formulaciones de cargos se suman a otra investigación en curso por irregularidades en los Centros de Atención Inmediata de Policía durante la alcaldía de Rionegro, que involucra 1.270 millones de pesos. La Contraloría General de la República ha asumido el poder preferente en el proceso, remitiendo copias a la Fiscalía por posibles implicaciones penales. La Veeduría Ciudadana al Central Park, vinculada también a un proyecto inconcluso en Bello, ha exigido celeridad en las investigaciones para evitar demoras como las vividas en otros casos.
“Había que comprar algunas franjas de terreno, muchas franjas de terreno, cuando fueron a hacer las negociaciones algunos cedieron, algunos vendieron, que están reclamando entre otras cosas que les paguen los daños y perjuicios porque durante muchos años no los han podido realizar”
Carlos Contreras, representante de la Veeduría Ciudadana al Central Park
“Esperamos que la Contraloría General de la República, quien nos informan, ejerce el poder preferente en este proceso, pues termine haciendo justicia y lo más pronto posible. No puede ser que estos procesos terminen demorándose, como en el Central Park, cinco o seis años, casi a punto de prescribir”
Carlos Contreras, representante de la Veeduría Ciudadana al Central Park
Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón rechazó las acusaciones atribuyéndoles un tinte político, argumentando que la contralora saliente actuó a última hora y sin competencia, extralimitándose en sus funciones, lo que ha motivado una solicitud de nulidad del proceso. Según Rendón, los puntos críticos de las ciclorrutas ya están contratados por la actual administración y el accionar responde a la negación de la creación de cerca de 200 cargos solicitados por la funcionaria saliente.
“Es evidente el tinte político que la acompaña: lo hace a última hora y sin competencia para ello, extralimitándose en sus funciones. Por esta razón, en este proceso se ha solicitado la nulidad. Los puntos críticos de las ciclorutas están contratadas por esta administración. La razón de este desesperado accionar: a la Contralora saliente le negaron la creación y nombramiento de cerca de 200 cargos”
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia
Este caso pone en evidencia las tensiones entre control fiscal y gestión pública en Antioquia, donde proyectos de infraestructura clave para la movilidad sostenible han quedado inconclusos, generando cuestionamientos sobre la responsabilidad de exfuncionarios y la necesidad de mayor transparencia en el manejo de recursos públicos.
