El Gobierno de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, anunció este salario mínimo para 2026 en $2.000.000, lo que representa un aumento superior al 23% respecto al de 2025 y un incremento del 18,7% en términos reales. La decisión, presentada por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, marca el inicio de la aplicación del concepto de salario vital y móvil establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, un mandato pendiente desde hace 34 años y alineado con compromisos asumidos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, la medida ha generado fuertes críticas de parte de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), presidida por Bruce Mac Master, y de Cotelco, cuyo presidente José Andrés Duarte alertó sobre los riesgos para la inflación, el empleo, las finanzas públicas y los costos sectoriales, al ser tomada de manera unilateral sin la participación de los empleadores en la Comisión de Concertación Tripartita de políticas laborales.
Este anuncio duplica el salario mínimo registrado en 2022, que era de $1.000.000, y afectará directamente a unos 2,4 millones de trabajadores que perciben esta remuneración. Según estimaciones, cada 1% de incremento salarial genera un gasto público adicional de $400.000 millones, lo que agrava preocupaciones en un contexto de emergencia económica. El Gobierno destaca que, en términos reales, los trabajadores verán un alza en sus ingresos del 18,7%, pero los gremios advierten que la falta de diálogo tripartito compromete la competitividad y la estabilidad del país.
Críticas gremiales por falta de concertación
La Andi cuestionó la imposición de un «ingreso mínimo vital» sin un debate abierto y democrático, extendiendo la percepción de exclusión de los generadores de empleo en decisiones clave. En el sector hotelero, donde el 70% de los trabajadores pertenecen al equipo operativo, el impacto será significativo, agravado por la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales a partir de julio de 2026, la sobretasa de energía del 20% para 2025, mayores gastos en gas y los ingresos reales negativos reportados por el Dane.
«Por fin, después de 34 años de expedida la Constitución Política de Colombia, aplicamos el concepto del salario vital y móvil que está establecido en el artículo 53 de la Constitución Nacional».
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
«En términos reales, el trabajador va a aumentar sus ingresos reales en un dieciocho punto siete por ciento».
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
Por su parte, la Andi enfatizó los riesgos para los hogares, la economía, la inflación, los precios de bienes y servicios, el empleo y las finanzas públicas, mientras que José Andrés Duarte, de Cotelco, precisó que «un incremento superior al 23% va a terminar impactando de una manera muy significativa la estructura de costos en nuestro sector». La controversia subraya tensiones entre el Ejecutivo y los empresarios en un momento clave para la recuperación económica nacional.
