El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha filtrado un borrador de decreto que propone un aumento del 23% en el salario mínimo para 2026 en Colombia, elevándolo de los actuales 1.423.500 pesos, resultado de un incremento previo del 9,54%, a 1.750.905 pesos. Esta medida, basada en el principio de salario mínimo vital establecido por la Organización Internacional del Trabajo para cubrir necesidades básicas, ha generado inmediatas preocupaciones entre expertos y analistas por sus potenciales impactos fiscales, en el sistema de pensiones y en los precios de la vivienda.
El documento, que se conoció el 28 de diciembre previo al anuncio oficial, ha provocado reacciones en los mercados, con un aumento de más de 33 puntos básicos en la tasa TES a 10 años en una sola sesión, y alertas de entidades como Integral Soluciones Pensionales (ISP), así como de consultores como Diego Montañez-Herrera, el exviceministro de Hacienda y jefe de Estrategia Macro para América Latina de XP Investments, Andrés Pardo, el fundador de Raddar, Camilo Herrera Mora, el CEO de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira, y el representante a la Cámara del Centro Democrático, Juan Espinal.
Preocupaciones por impactos en pensiones y economía
Entre las mayores inquietudes destaca el incremento de 6,7 billones de pesos en la nómina de Colpensiones respecto a 2025, en un contexto donde el déficit presupuestal nacional por este rubro ya alcanza los 3,1 billones de pesos, lo que podría poner en riesgo las reservas para pensión por capital, superiores a 525 millones de pesos por persona. ISP ha calificado esta propuesta como un acto de irresponsabilidad que amenaza con desfinanciar el Fondo de Garantía de Pensión Mínima en esta década, mientras que los topes para vivienda VIS, que se indexan automáticamente, podrían generar renuncias masivas de beneficiarios si los subsidios no se ajustan a tiempo.
“salario vital, ese concepto lo ponemos en el decreto, es lo que buscamos”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Expertos como Camilo Herrera Mora advierten que un alza tan significativa del salario mínimo eleva costos y precios, reduce utilidades en las empresas, disminuye el recaudo tributario y fomenta la informalidad, sin mejorar realmente el poder adquisitivo ante la inflación y el desempleo. En similar línea, Juan Pablo Vieira sostiene que el mayor costo de contratación promueve la informalidad y neutraliza el beneficio nominal por el alza en precios y pérdida de empleos formales, especialmente en pymes, con riesgos de pérdida de competitividad regional.
Riesgos en empleo, inflación y vivienda
El borrador no solo presiona el déficit fiscal, sino que podría destruir empleo en pequeñas y medianas empresas, impulsar la inflación y agravar la informalidad laboral, según coinciden analistas como Andrés Pardo y Juan Espinal. ISP añade que la generosidad del gobierno de turno la pagan los colombianos más pobres mediante un mayor costo de vida e impuestos, en un panorama donde el precio de la vivienda VIS enfrentaría ajustes automáticos que complicarían el acceso para miles de familias.
“la generosidad de gobierno de turno la pagan los colombianos más pobres vía costo de vida e impuestos”
Integral Soluciones Pensionales (ISP)
“al aumentar mucho el salario mínimo pasan varias cosas: aumentan costos, aumentan precios, se reducen utilidades en empresas y cae recaudo tributario”
Camilo Herrera Mora, fundador de Raddar
“el incremento del costo de contratación fomenta la informalidad y no mejora el poder adquisitivo real, pues la inflación y el desempleo terminan por neutralizar el beneficio nominal”
Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading
Esta filtración, reportada por medios como Infobae y reflejada en redes sociales de analistas como ISP y Diego Montañez-Herrera, abre un debate nacional sobre el equilibrio entre protección social y sostenibilidad económica, en momentos en que Colombia enfrenta desafíos presupuestales y de empleo formal.
