El Gobierno de Gustavo Petro anunció un histórico incremento del 23% en el salario mínimo legal mensual vigente en Colombia, que a partir de enero de 2026 se situará en 1.746.882 pesos, acompañado de un auxilio de transporte de 249.095 pesos, lo que suma un ingreso total de dos millones de pesos para cerca de dos millones de trabajadores formales e independientes en todo el país. Esta medida, que representa el ajuste más alto en la historia del país y supera ampliamente el ritmo de la inflación reciente, establece una indexación automática a más de 70 bienes y servicios, generando un efecto dominó en la economía nacional como referencia contractual y económica clave.
El anuncio, impulsado por el Ejecutivo, impactará no solo a los trabajadores del sector formal, sino también a independientes, empleadores, pensionados y beneficiarios de programas sociales, alterando presupuestos familiares, costos de vida y estructuras empresariales. Con este salto porcentual sin precedentes en los últimos años, el Gobierno busca fortalecer el poder adquisitivo de los más vulnerables, aunque genera debates sobre su repercusión en precios y competitividad.
Amplio impacto en servicios y trámites cotidianos
El ajuste del salario mínimo extenderá sus efectos a una extensa gama de servicios y trámites ligados estructuralmente a esta cifra, incluyendo aportes de aprendices al SENA, multas de tránsito y administrativas, SOAT y seguros relacionados, peluquería, cuidado personal e infantil, reparaciones mecánicas y latonería, precios máximos de VIS y VIP, servicios domésticos, aportes a seguridad social, tarifas notariales, exámenes de laboratorio, servicios médicos auxiliares, arriendos de locales no residenciales, matrículas educativas, consultas médicas privadas, lavandería y planchado, pasajes intermunicipales y administración de copropiedad, entre otros más de 70 ítems indexados. Por ejemplo, en el caso de los servicios domésticos, el pago diario escalará de 47.450 pesos a 58.364 pesos, reflejando el reajuste proporcional.
Cambios en salud, vivienda y educación
En el ámbito de la salud, se modificarán las cuotas moderadoras de las EPS, así como las cotizaciones a salud, pensión y riesgos laborales, lo que podría elevar los costos para usuarios y empleadores. En vivienda, los precios máximos para viviendas de interés social (VIS) y prioritario (VIP) se ajustarán al alza, mientras que en educación impactará matrículas y mensualidades en instituciones privadas o técnicas. Estos cambios configuran un panorama de reajustes generalizados que el Gobierno presenta como herramienta para la equidad, aunque analistas advierten sobre presiones inflacionarias derivadas.
En resumen, este incremento del salario mínimo no solo redefine el ingreso base para millones de colombianos, sino que reconfigura el ecosistema económico con su indexación automática, posicionándose como el mayor ajuste salarial de la historia republicana y un hito en la política laboral del Gobierno Petro.
