Un borrador de decreto presidencial filtrado el 28 de diciembre ha generado controversia al proponer un aumento del 23% en el salario mínimo en Colombia para 2026, elevándolo de los actuales 1.423.500 pesos, resultado de un incremento previo del 9,54%, a 1.750.905 pesos. Esta medida, impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, busca establecer un salario vital que cubra las necesidades básicas según los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y se aplicaría a nivel nacional mediante un decreto que precede a un anuncio oficial.
El impacto financiero sería significativo, especialmente en Colpensiones, donde la nómina aumentaría en 6,7 billones de pesos respecto a 2025, generando un déficit de 3,1 billones, mientras que las reservas para pensiones por capital superarían los 525 millones de pesos por persona. Además, los mercados han reaccionado con un alza de más de 33 puntos básicos en las tasas TES a 10 años, señalando presiones en la tasa de referencia del Banco de la República, según análisis de expertos como Andrés Pardo, exviceministro de Hacienda y jefe de Estrategia Macro para América Latina de XP Investments.
Reacciones divididas entre apoyo gubernamental y críticas expertas
El presidente Gustavo Petro ha defendido la iniciativa enfatizando su objetivo de garantizar un salario vital, mientras que consultoras como Integral Soluciones Pensionales (ISP) la califican como el acto de mayor irresponsabilidad del Gobierno, advirtiendo que la generosidad de turno la pagan los colombianos más pobres mediante un mayor costo de vida e impuestos. Camilo Herrera Mora, fundador de Raddar, explica que un aumento tan elevado genera costos empresariales, precios al consumidor, reducción de utilidades, caída en el recaudo tributario, mayor informalidad y presiones en salud y pensiones.
“salario vital, ese concepto lo ponemos en el decreto, es lo que buscamos”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
“el acto de mayor irresponsabilidad que podría cometer el Gobierno”
Integral Soluciones Pensionales (ISP), consultora
Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, añade que el incremento en el costo de contratación fomenta la informalidad y no mejora el poder adquisitivo real, ya que la inflación y el desempleo neutralizan el beneficio nominal. ISP también alerta sobre la desfinanciación del Fondo de Garantía de Pensión Mínima en esta década y una reducción en las mesadas de retiro programado.
Preocupaciones por impactos en economía y sectores clave
Diego Montañez-Herrera, consultor, destaca riesgos en vivienda VIS, donde los topes se indexan automáticamente, lo que podría llevar a la no financiación de proyectos, renuncias de beneficiarios y ajustes insuficientes en subsidios. Juan Espinal, representante a la Cámara del Centro Democrático, rechaza la medida por carecer de sustento técnico y estar motivada políticamente. En conjunto, los analistas advierten sobre efectos en inflación, déficit fiscal, empleo formal e informal, pensiones, tasas de interés y competitividad empresarial, en un contexto donde la filtración del borrador anticipa tensiones para el próximo año.
