El gobierno de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro y con el ministro del Trabajo Antonio Sanguino a la cabeza, decretó este 29 de diciembre el salario mínimo mensual legal vigente para 2026 en 1.750.905 pesos, acompañado de un auxilio de transporte de 249.095 pesos, lo que suma un ingreso mínimo total de 2.000.000 pesos mensuales. Esta medida entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026 en todo el territorio nacional y responde a la necesidad de cubrir las necesidades básicas de las familias, alineándose con los estándares del salario mínimo vital establecidos por la Organización Internacional del Trabajo.
El decreto se materializó ante la falta de acuerdo en la mesa de concertación, donde los empresarios proponían un aumento del 7,21% equivalente a la inflación proyectada, mientras que las centrales obreras demandaban un 16%. El incremento decretado alcanza el 23,7%, lo que representa un aumento real del 18,7% al descontar la inflación, posicionando al gobierno como árbitro en esta disputa histórica por la dignidad laboral.
Alcance limitado: no todos los salarios subirán automáticamente
Es importante aclarar que esta decisión no obliga a los empleadores a ajustar automáticamente todos los salarios superiores al mínimo, según lo establecido en los artículos 145 y 148 de la Constitución Política. La norma solo es vinculante para quienes devengan el salario mínimo o inferior, con sanciones previstas en la Ley 1610 de 2013 por incumplimiento. Salarios integrales, contratos con cláusulas específicas, prestación de servicios y sueldos por encima del mínimo quedan exentos de indexación automática, tal como lo han confirmado pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia.
«Gana más la familia, no solo el trabajador»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«un paso firme por la dignidad laboral y el bienestar de las familias»
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
Con este decreto, el gobierno nacional busca fortalecer el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables en un contexto de presiones inflacionarias, aunque deja claro que el salario mínimo actúa como piso irrenunciable sin extenderse de manera generalizada a la estructura salarial del país, priorizando así la sostenibilidad económica para empresas y trabajadores por igual.
