El gobierno del presidente Gustavo Petro anunció un incremento del 23% en el salario mínimo legal mensual vigente en Colombia para el año 2026, elevándolo a 1.746.882 pesos, junto con un auxilio de transporte de 249.095 pesos, lo que suma un ingreso total aproximado de dos millones de pesos para cerca de dos millones de trabajadores formales que perciben este salario base. Esta medida, que entrará en vigencia desde enero de 2026 a nivel nacional, establece una indexación automática que replicará el mismo ajuste porcentual en más de 70 bienes y servicios esenciales, posicionándose como referencia contractual y económica para el país.
Este aumento representa el más alto registrado en los últimos años y supera el ritmo de la inflación reciente, funcionando como base para cuotas, tarifas y aportes en diversos rubros que impactarán directamente los presupuestos familiares, empresariales, de trabajadores independientes, pensionados y programas sociales. Por ejemplo, los servicios domésticos diarios pasarán de 47.450 pesos a 58.364 pesos, reflejando el ajuste generalizado que busca alinear la economía con esta nueva referencia salarial.
Amplio impacto en servicios y sectores clave
Entre los bienes y servicios indexados que experimentarán el alza del 23% se encuentran los aportes al Sena, multas de tránsito y administrativas, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), seguros relacionados, peluquería, cuidado personal e infantil, reparaciones mecánicas y latonería, los precios máximos de vivienda de interés social (VIS) y prioritario (VIP), servicios domésticos, aportes a seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, tarifas notariales, exámenes de laboratorio particulares, servicios médicos auxiliares, algunos arriendos de locales no residenciales, matrículas educativas y cursos privados o técnicos, consultas médicas privadas, lavandería y planchado, pasajes intermunicipales, así como costos de copropiedad. En el sector salud, las cuotas moderadoras de las EPS y cotizaciones dependerán del ingreso, mientras que en vivienda los topes para VIS y VIP también subirán en igual proporción, aunque no todos los gastos habituales se ajustarán por indexación directa.
Esta política del gobierno Petro busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores de menores ingresos, pero genera debates sobre sus efectos en la competitividad empresarial y el costo de vida, con un alcance que transforma la dinámica económica nacional desde el próximo año.
