Un borrador de decreto filtrado el 28 de diciembre ha generado revuelo en Colombia al proponer un aumento del 23% en el salario mínimo para 2026, elevándolo a 1.750.905 pesos, una medida respaldada por el gobierno del presidente Gustavo Petro con base en el concepto de salario mínimo vital establecido por la Organización Internacional del Trabajo. Esta propuesta, que anticipa un decreto presidencial previo al anuncio oficial, busca garantizar ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores, partiendo del salario mínimo actual de 1.423.500 pesos, resultado de un incremento del 9,54% aplicado recientemente.
La filtración ha desatado preocupación entre expertos y analistas, quienes destacan impactos significativos en el sistema de pensiones, el déficit fiscal y la economía en general. Por ejemplo, en Colpensiones se proyecta un incremento de 6,7 billones de pesos en la nómina respecto a 2025, junto con un déficit de 3,1 billones en el presupuesto nacional. Además, las reservas para pensión por capital superarían los 525 millones de pesos por persona, mientras que las tasas TES a 10 años ya registraron un alza de más de 33 puntos básicos en una sola sesión, reflejando la reacción inmediata de los mercados.
Expertos advierten sobre riesgos económicos y sociales
Integral Soluciones Pensionales (ISP) califica la iniciativa como el acto de mayor irresponsabilidad del Gobierno, argumentando que la generosidad de turno la pagan los colombianos más pobres a través de un mayor costo de vida e impuestos. Camilo Herrera Mora, fundador de Raddar, explica que un aumento tan elevado del salario mínimo genera costos más altos, precios inflados, reducción de utilidades en las empresas y caída en el recaudo tributario. Por su parte, Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, subraya que el incremento en el costo de contratación fomenta la informalidad y no mejora el poder adquisitivo real, ya que la inflación y el desempleo neutralizan el beneficio nominal.
“salario vital, ese concepto lo ponemos en el decreto, es lo que buscamos”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Diego Montañez-Herrera, consultor, alerta sobre el disparo en los topes de vivienda VIS, con riesgo de renuncias masivas si no se ajustan los subsidios. Andrés Pardo, exviceministro de Hacienda y jefe de Estrategia Macro para América Latina de XP Investments, destaca la reacción en los mercados que podría llevar a un alza en la tasa de referencia del Banco de la República. Juan Espinal, representante a la Cámara del Centro Democrático, critica la propuesta por carecer de sustento técnico y estar motivada políticamente. ISP también advierte sobre la desfinanciación del Fondo de Garantía de Pensión Mínima en esta década y una posible reducción en las mesadas de los pensionados.
En un contexto de anticipados efectos en pensiones, déficit fiscal, topes VIS, tasas de interés, costos empresariales, empleo formal e informal, inflación y competitividad, la filtración pone en el centro del debate la sostenibilidad de esta medida antes de su oficialización, dejando al país expectante ante las decisiones del Gobierno Petro.
