El gobierno nacional de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, decretó este 29 de diciembre el salario mínimo mensual para 2026 en 1.750.905 pesos, acompañado de un auxilio de transporte de 249.095 pesos, lo que suma un ingreso mínimo total de 2.000.000 pesos mensuales, vigente a partir del 1 de enero de 2026. La medida, impulsada por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se tomó ante la falta de consenso en la mesa de diálogo entre empresarios, quienes proponían un aumento del 7,21 por ciento, y las centrales obreras, que exigían el 16 por ciento.
Este incremento representa un alza nominal del 23,7 por ciento y un ajuste real del 18,7 por ciento una vez descontada la inflación, según los cálculos oficiales. Sin embargo, la ley no obliga a los empleadores a elevar todos los salarios de manera automática, limitándose el decreto a establecer un piso para quienes devengan el mínimo o menos, conforme a los artículos 145 y 148 del Código Sustantivo del Trabajo.
Excepciones legales y sanciones por incumplimiento
El decreto no aplica aumentos obligatorios para salarios superiores al mínimo, salarios integrales regulados por el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, contratos con cláusulas específicas ni contratos de prestación de servicios bajo el artículo 23. La Corte Suprema de Justicia ha confirmado en fallos que el salario mínimo no indexa los sueldos generales, en un debate recurrente sobre la indexación automática. El incumplimiento de esta norma genera sanciones según la Ley 1610 de 2013, lo que busca garantizar el cumplimiento en el sector formal de la economía colombiana.
«Gana más la familia, no solo el trabajador»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«un paso firme por la dignidad laboral y el bienestar de las familias»
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
La decisión se fundamenta en el concepto de salario mínimo vital establecido por la Organización Internacional del Trabajo, destinado a cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. Este anuncio cierra un año de tensiones en la negociación paritaria y marca un precedente para el ajuste salarial en un contexto de recuperación económica postpandemia, aunque genera preocupación en el sector empresarial por su impacto en costos laborales.
